Autoridades

La comunidad universitaria, vigente en un medio social concreto, aquí, hoy, y personificada en institución actuante, exige un poder organizado. Hay que atenerse a esta realidad indiscutible, gústenos o no nos guste el sentir la necesidad de un poder. Este es exigencia misma de la naturaleza de una institución personificada, y la universidad lo es. Necesita por ello, algo, a más del fin, que le dé cohesión, impidiendo la desintegración por causa de estériles conflictos entre sus miembros; que le dé dirección, esto es, que ordene los medios al fin, causa actuante en la existencia misma de tal comunidad. Y por último, y abarcando los aspectos anteriores, que dé solución a los problemas que puedan plantearse, bien dentro de ella, bien con otras instituciones o con el Estado.

La Universidad requiere, y hay que afirmarlo tajantemente, la presencia de lo que hoy llamamos Autoridades Universitarias. Y al decir “presencia” se quiere significar, no simple designación nominal o formalismo reglamentario, sino existencia actuante y reconocida en el cumplimiento de sus funciones como tal. No podemos, así, permitirnos el lujo de ignorar a las autoridades, y mucho menos, desconocer cómo actúan. Es por ello por lo que se presentan conflictos singulares dentro de nuestra Universidad venezolana.

Se ha pretendido, valga un ejemplo, dar a los centros de estudiantes y federaciones de centros un carácter de “casi-autoridad”, sobre el estudiantado. Y no hay peor falsedad que ésta. Al elegir un centro no sólo no se concede la soberanía —sería estúpido pensarlo— sino que tampoco se le erige en rector de la acción universitaria del estudiantado. Se le da, sí, una facultad de representación, y a los delegados estudiantiles, una forma de autoridad, para que participen en el gobierno universitario. El intento repetido de definición de un centro de estudiantes, y de fijación de funciones que le son propias, sin enmarcarlo dentro de la comunidad universitaria con autoridades propias, ha llevado a absurdas desnaturalizaciones.

Pero hay más: la apatía frente a lo que deben ser las autoridades universitarias, y la superficialidad en el enjuiciamiento de las actitudes de los que ejercen tales cargos ha llevado a la formación de dos corrientes de opinión entroncadas. Los que opinan que las autoridades “todo lo hacen bien”, y los que dicen que “todo lo hacen mal”. Estas posiciones ficticias conducen a un solo término: a que en la realidad se dé el que las autoridades se mantengan en una perenne indefinición, buscando sacar el mayor provecho posible.

Se ha consagrado por ello el “guabineo” como imagen y prototipo de la acción de las autoridades, y se considera que el mejor rector de cualquiera de nuestras universidades ha de ser precisamente quien más perfección logre en ese arte. El hombre de las dos caras, o de cuatro; el que puede hacer de aceite para que el golpe entre los dos bloques —profesores y estudiantes— sea más suave. Y hemos de preguntarnos, ¿hay peor desvirtuación de la naturaleza de la universidad, y de las funciones de las autoridades universitarias?

Los argumentos, el gran argumento que ha consagrado esta falsa y mediocre posición es uno: se teme a la verdad de los compromisos. Es así como se califica de “dictador omnímodo” a quien sienta las cosas como son, y se exige, además, su substitución por un personaje “más democrático”. ¿Por qué se confunde flojera con libertad, guabineo con justicia, mediocridad con democracia? Esta marcha y este camino nos conducen, nos han conducido, a no tener ni libertad, ni justicia, ni democracia, y a estar permanentemente sentados al borde del camino esperando que aparezca allá, en un recodo lejano, el personaje milagroso, con la fórmula mágica, que solucione todos nuestros problemas.

Las autoridades, pues, están para velar por la institución universitaria, y tenemos que empeñarnos en desterrar a corto plazo los males que hemos ido apuntando, so peligro de quedarnos con una universidad sin verdad, unas autoridades esclavizadas y unos universitarios empeñados exclusivamente en dar cabezazos contra la pared, a ver si así se logra algo. Sin embargo, esta fundamental función de la autoridad, exige de ella el que tenga potestad: es decir, que —refiriéndonos a lo nuestro— haga valer las atribuciones que le concede el estatuto, y se coloque de una vez para siempre en la posición rectora que le corresponde. Y exige, que los hombres que ocupen los cargos de gobierno en la universidad, no puedan contarse entre el gran número de mediocres, indecisos y demagogos. Quien ejerza la autoridad, ha de ser universitario en el pleno sentido de la palabra: debe sentirse comprometido con la universidad —y no con sus intereses para someterla a ellos—, debe conocer la misión de nuestra máxima casa de estudios, y debe, en fin, tener espíritu amplio para entender al estudiante y al profesor, pivotes del Alma Mater. Y para ello no bastan méritos científicos: el hombre de ciencia es indiscutiblemente inteligente y docto; pero, ¿es hombre, es enérgico, es veraz, es justo, está dispuesto a llevar adelante sus compromisos con la universidad? ¡Es esto lo que hay que tomar en cuenta, porque es lo que garantiza un recto funcionamiento de las autoridades! Lo otro, lo que hemos visto tantas veces, y hemos pretendido denunciar, eso hay que mandarlo al depósito de papeles sucios, a que espere allí el gran día de la quema.

No podemos, entonces, dejar de plantearnos estos problemas: sobre todo, cuando se interviene en la elección de los cargos directivos de la Universidad. Olvidar que gran parte de la culpa del desvío y del error se debe a una escogencia mal realizada es lo que nos ha hecho caer tantas veces en el mismo hoyo. La hora de rectificar la están marcando las campanadas angustiosas de los errores repetidos y el escurrir el cuerpo desmerece la propia condición de universitario.

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