Pacem in terris: última encíclica del Papa Juan XXIII

[Ilustración: retrato dibujado a tinta del Papa Juan XXIII, firmado «R. Tamayo Pitarch».]

«No me importa lo que digan o piensen de mí. Debo mantenerme fiel a mi concepto del bien, ser bueno y benévolo siempre con todo el mundo».

Así se expresaba Juan XXIII a raíz del Concilio Ecuménico, y este Pontífice, cuya reciente desaparición conmovió al mundo, que tiene su puesto en la Historia con la Encíclica MATER ET MAGISTRA y la celebración del Concilio, comprendía que su misión no se reduce a proyectar una u otra faz del Maestro. Y así, el Jueves Santo pasado (11 de abril) ante el clamor mundial de paz, se mostró ante el mundo como Vicario del Príncipe de la Paz, al darnos, frente a las convulsiones del mundo actual, la PACEM IN TERRIS.

Esquemáticamente, la Encíclica consta de una introducción, cuatro partes y a modo de conclusión, algunas recomendaciones pastorales.

En su Introducción, se señala cómo la paz en la tierra, profunda aspiración de los hombres de todos los tiempos, no se puede establecer ni asegurar si no se guarda íntegramente el orden establecido por Dios en el universo, y que ha sido impreso por el Creador aún en lo más íntimo de la naturaleza del hombre: orden que la conciencia descubre y manda perentoriamente seguir. «¡Cómo contrasta, en cambio, con este orden maravilloso del universo el desorden que reina no sólo entre los individuos, sino también entre los pueblos! Parece que sus relaciones no pueden regirse sino por la fuerza».

He aquí la razón de ser de PACEM IN TERRIS.

Ante una sociedad desordenada en la que se han invertido y desvirtuado los valores y principios determinados por el Creador. Ante una sociedad descontrolada, desbocada, que en medio de su vertiginosa carrera hacia el «no sabemos dónde», clama la paz, el Papa nos expone los principios a los que hemos de someternos para lograrla efectivamente.

En la parte primera se proyecta el orden establecido por Dios en el universo, a las relaciones entre los seres humanos. Orden obtenible mediante la toma de conciencia y correspondiente práctica de que todo ser humano es persona, sujeto de derechos y deberes y que esos derechos y deberes mantienen una inseparable correlación: a un derecho mío corresponde un deber del otro, y a un derecho del otro corresponde un deber mío.

Dado el carácter social del hombre, su convivencia no puede ser ordenada y fecunda si no la preside una legítima autoridad que salvaguarde la ley y contribuya a la actuación del bien común en grado suficiente. Es la relación entre los hombres y esa autoridad —los poderes públicos— a la que se refiere la segunda parte de la Encíclica.

En la tercera parte, determina los principios que han de regular las relaciones entre las diversas comunidades políticas, partiendo de la misma base: «también las comunidades políticas, unas respecto a otras, son sujetos de derechos y deberes». Las relaciones entre las comunidades políticas han de estar reguladas por la verdad, la justicia y la libertad, de suerte que: no tienen razón de ser los racismos, queda consagrado el principio de igualdad entre todas las comunidades políticas, el reconocimiento de los respectivos derechos y el cumplimiento de los respectivos deberes, y la exclusión del derecho a oprimir injustamente a otros. Fija posición respecto a situaciones actuales y de trascendental importancia como lo son: el trato a las minorías; una eficiente solidaridad basada en la colaboración económica, social, política, cultural, sanitaria y deportiva; equilibrio entre población, tierra y capitales; problema de los prófugos políticos, y el tan discutido desarme.

Finalmente, la parte cuarta trata de las relaciones entre los individuos, las familias, las asociaciones y comunidades políticas, por una parte, y la comunidad mundial por otra. Relaciones que han de mantenerse y realizarse teniendo en cuenta la interdependencia entre las comunidades políticas; la insuficiencia de la organización actual de la autoridad pública en relación con el bien común universal, dadas las cuestiones de suma gravedad, arduas y de inmediata solución que plantea el bien común internacional, especialmente en materia de seguridad y paz mundial; la relación entre el contenido histórico del bien común y la estructura y función de los poderes públicos; la constitución de poderes públicos de común acuerdo y no por la fuerza; el bien común universal y los derechos de la persona. Todo ello regulado por el principio de subsidiariedad o jerarquización.

Sería imposible comentar en un artículo toda la Encíclica. Su claridad meridiana nos sugeriría copiarla textualmente sin lugar a comentarios. Su densidad y profundidad requerirían el comentario de cada una de sus palabras. Ante tales circunstancias y sumada la limitación de espacio, trataremos de exponer brevemente los postulados doctrinales de una de sus partes: la segunda, y hacer algunos comentarios u observaciones en relación a la situación nacional del momento.

La necesidad de la autoridad es algo obvio; ahora es de destacar que «sin embargo, no es la autoridad una fuerza exenta de control; más bien es la facultad de mandar según razón. La fuerza obligatoria procede consiguientemente del orden moral, el cual se fundamenta en Dios, primer principio y último fin suyo». Y que, en consecuencia, por ser la autoridad, sobre todo, una fuerza moral «deben los gobernantes apelar, en primer lugar, a la conciencia, o sea, al deber que cada cual tiene de aportar voluntariamente su contribución al bien de todos».

Todos los hombres, entidades intermedias y el Estado, a través de los poderes públicos, tienen obligación de aportar su contribución específica a la prosecución del bien común que consiste y tiende a concretarse, como quedó establecido en la MATER ET MAGISTRA, «en el conjunto de aquellas condiciones sociales que consienten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral de su propia persona».

Además, el bien común exige el que los poderes públicos promuevan la creación de un ambiente humano que permita el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los respectivos deberes, desarrollando paralelamente el campo económico, el social y el cultural. Ahora bien, la doble intervención de los poderes públicos: (1) armonizando y protegiendo los derechos de los ciudadanos y (2) promoviendo los derechos de los ciudadanos, ha de efectuarse con auténtico sentido de equilibrio.

En cuanto a la «estructura y funcionamiento de los poderes públicos», no se determina un único patrón según el cual se organicen, pero sí que actúen en función del bien general. En este sentido, el poder legislativo, en el incesante cambio de situaciones, se ha de mover siempre en el ámbito de la moral y de las normas constitucionales; el poder ejecutivo ha de aplicar las leyes con prudencia, pleno conocimiento de ellas y dentro de una valorización serena de los casos concretos; y el poder judicial ha de administrar la justicia con imparcialidad, inflexible frente a las presiones de intereses de parte, cualesquiera que sean.

La ordenación jurídica ha de conformarse con el orden moral y responder al grado de madurez de la comunidad política. Pero la vida social de nuestros tiempos es tan compleja y presenta tantas situaciones neurálgicas que no puede ser encuadrada en un determinado molde jurídico.

En el último punto de esta segunda parte es importante destacar cómo Su Santidad rechaza «la posición doctrinal de aquellos que erigen la voluntad de cada hombre en particular o de ciertas sociedades, como fuente primaria y única de donde brotan derechos y deberes y de donde provenga tanto la obligatoriedad de las constituciones como la autoridad de los poderes públicos».

Esta ha sido la doctrina, condensada, expuesta en la segunda parte de la histórica Encíclica PACEM IN TERRIS.

¿Y nuestra realidad?

«Del hecho de que la autoridad derive de Dios no se sigue el que los hombres no tengan la libertad de elegir las personas investidas con la misión de ejercitarla, así como de determinar las formas de gobierno y los ámbitos y métodos según los cuales la autoridad se ha de ejercer. Por lo cual, la doctrina que acabamos de exponer es plenamente conciliable con cualquier clase de régimen genuinamente democrático».

Según nuestra constitución, la soberanía reside en el pueblo. Estamos frente a un sistema democrático. El pueblo delega su soberanía en los Poderes Públicos, los inviste con la misión de ejercer la autoridad. Estamos ante un sistema democrático representativo. Y es la mayoría del pueblo, de los ciudadanos, quien determina a aquellos que han de ejercer la autoridad.

Nos encontramos próximos, muy próximos, al momento en que ese pueblo elegirá a aquellos que han de ejercer la autoridad a través de los poderes públicos.

Ante tal realidad, confrontamos una situación de matices alarmantes y que ha sido calificada unánimemente como «de violencia». Situación que nos demuestra patentes desajustes y que nos urge, más, que nos invita, a reflexionar seriamente y a hacer las aplicaciones del caso sobre la doctrina expuesta en «PACEM IN TERRIS».

Creemos necesario el hacer algunas observaciones en estos momentos de desconcierto cuando están por finalizar las funciones de un gobierno por el cual se pronunció la mayoría del pueblo, libremente, hace cuatro años; y cuando se está en vísperas de la libre elección de un gobierno por el que se pronunciará la mayoría del conglomerado nacional.

Determinado como está en la Encíclica, que el fin, la razón de ser de los Poderes Públicos determinados por la mayoría del pueblo, es la prosecución del Bien Común, hemos de tener en cuenta que:

1) Las mayorías no siempre tienen la razón, pero cuando existen mayorías que ejercen sus derechos de mayoría sin atropellar los derechos de los demás, y existen minorías que desconocen el derecho de mandar de las mayorías, éstas están fuera del orden lógico tendiente a la prosecución del Bien Común.

2) Las mayorías no se justifican por el solo hecho de ser mayorías, sino en cuanto ejercen el poder en beneficio del Bien de todos; las minorías entran en función del Bien Común en tanto que señalen constructivamente los errores de las mayorías.

De este noble principio podemos deducir varios planteamientos:

No se justifica en ningún momento el que la autoridad o gobierno so pretexto de lograr el bien común abuse o se crea exento de control en su actuación en la prosecución de aquél, por el mero hecho de representar a las mayorías.

Pero tampoco se justifica en momento alguno la insurgencia de las minorías contra una autoridad o gobierno que ejerce sus derechos de mayoría y cumple sus deberes para el logro o prosecución del bien general.

Es deber de los poderes públicos el reconocer, respetar, armonizar, tutelar y promover los derechos de los demás y contribuir a hacer más fácil el cumplimiento de sus respectivos deberes, para lograr así la consecución del bien común. Pero si esto es verdad, no menos verdad es que «todos los hombres y entidades intermedias tienen obligación de aportar su contribución específica a la prosecución del bien común. Esto comporta el que persigan sus propios intereses en armonía con las exigencias de aquél y contribuyan al mismo objeto con las prestaciones —en bienes y servicios— que las legítimas autoridades establecen, según criterios de justicia, en la debida forma y en el ámbito de la propia competencia, es decir, con actos formalmente perfectos y cuyo contenido sea moralmente bueno o, al menos, ordenable al bien». Algo que «hemos olvidado» o simplemente «perdido de vista», porque ¡cuántos de nosotros no hemos mantenido y mantenemos la idea de que la prosecución del bien común es función única y exclusivamente del gobierno! ¡Todos, absolutamente todos, estamos comprometidos en esa tarea: lograr el bien de todos!

¡Qué lástima y qué estremecimiento sentimos al oír el ya generalizado: «yo no me meto en política»! ¿Es que creemos que desde un cómodo sillón, con alimento, vestido y vivienda asegurados, estamos en posesión de la verdadera PAZ? Y nuestra caridad, ¿para cuándo la dejamos? Hemos de actuar en política, en esa política en sentido amplio de la ordenación de los medios al bien común, por lo menos, con la idea de cumplir acabadamente la tarea personal de lograr el bien de todos. ¡Entonces habrá paz en la tierra!

Lorenzo Eduardo Fernández Escobar

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.