Por defectos técnicos debe ser totalmente modificado el proyecto, afirma Gonzalo Pérez Luciani

“En los problemas puramente científicos se puede ser modesto, refutar simplemente el error, aun cuando no se esté en condición de poner en su lugar la verdad positiva; pero en los problemas prácticos, donde es evidente que es preciso obrar, no basta rechazar como inexacta la indicación positiva dada por alguien, sino que es preciso reemplazarla por otra”.

R. von Ihering

Mi personal opinión sobre el Proyecto de “Ley Reglamentaria del Artículo 66 de la Constitución Nacional” y en particular sobre el artículo 13 de dicho proyecto es como sigue:

1. De acuerdo con las disposiciones de la Constitución Nacional vigente, en particular la atribución 24 del artículo 136 y el artículo 139, el Poder Legislativo Nacional tiene competencia para legislar sobre todas las materias de la competencia nacional y en especial para dictar la legislación reglamentaria de las garantías que otorga la Constitución.

Entre los deberes, derechos y garantías que señala la Constitución Nacional, el artículo 66 consagra el derecho de expresar el pensamiento de viva voz o por escrito y de hacer uso de cualquier medio de difusión con tal fin. El mencionado precepto constitucional señala límites al legislador, que son los siguientes: a) no puede establecerse censura previa; b) las expresiones que constituyen delito quedan sujetas a pena; c) no está permitido el anonimato; d) está prohibida la propaganda de guerra; e) la que ofenda la moral pública, y f) provocar la desobediencia de las leyes. Salvo estas limitaciones establecidas por el constituyente, la Ley puede, sin apartarse lo más mínimo de un régimen de absoluta legalidad, establecer límites mediante una reglamentación adecuada del derecho y de la garantía de expresión del pensamiento.

2. La conveniencia o la oportunidad para dictar leyes que reglamenten y, en consecuencia, limiten el derecho de la expresión del pensamiento, son cuestiones políticas, en el más amplio sentido de la palabra, así como también es política la decisión sobre regular el expresado derecho mediante una represión especializada o mediante el sistema represivo de derecho común, establecido en el Código Penal.

Puedo afirmar, sin temor a ser desmentido, que mi actividad nunca ha estado dirigida a la política y mi opinión sobre el particular no pasaría de ser la de un ciudadano común. Tampoco tengo inconveniente en expresar mi criterio sobre estos puntos, salvo que debe entenderse que el mismo no pasa de ser una apreciación totalmente subjetiva de las cuestiones anotadas.

En Venezuela en concreto podemos afirmar que aún la prensa reputada como seria, incurre con desusada frecuencia en juicios, opiniones, condenaciones, etc., de personas y de instituciones, de la más variada índole, emitidas con un sentido que se aparta de la objetividad de la información. Puedo dar testimonio de que he visto destruir injusta e injustificadamente reputaciones, honras, prestigios personales, comerciales y financieros, actuaciones políticas, públicas en un amplio sentido, profesionales, sindicales, etc., sin que jamás estas personas heridas o lesionadas por la prensa, salvo rarísima excepción, hayan obtenido una mínima reparación o indemnización por el daño que se les ha causado.

En el plano de lo que podría llamarse genéricamente buenas costumbres, basta señalar un marcado abuso de la prensa. Los dibujos y leyendas de las páginas de anuncios cinematográficos de toda la prensa, salvo rarísima excepción, constituyen faltas a la moralidad pública y de muchos de ellos puede decirse categóricamente que son pornográficos.

Con relación a las instituciones públicas, los representantes del Estado, la conservación de la paz y la tranquilidad ciudadana, la insurrección civil o armada, el derrocamiento de regímenes políticos por la fuerza, etc., últimamente ha podido comprobar cualquier persona, que alguna prensa sobrepasaba y aun a veces sobrepasa, límites que ciertamente en ningún estado de derecho podría hacerse con la impunidad con que se hacía y aún se hace en Venezuela.

En estas circunstancias, se hace evidente y necesaria una intervención del Estado, para limitar los abusos, sin menoscabar en absoluto el derecho a la libre expresión, entendida en el más amplio sentido. El problema verdaderamente difícil de la cuestión consiste en encontrar un límite en el cual debe detenerse el poder del Estado, para que no constituya el ejercicio de ese poder, una mutilación de los derechos ciudadanos, tal como se entendían éstos después de la proclamación hecha por la Constitución Francesa de 1791, o en la moderna versión de las Naciones Unidas. Desde tiempo atrás, el problema ha sido tratado por juristas que plantean el problema en una forma más fría que la que podría ser la de un político (especialmente de la oposición), o la de un periodista, afectado directamente. Berthelemy ya había advertido que la libertad de expresión es una libertad necesaria que amenaza seriamente los abusos de poder de la administración, que estimula, por su vigilancia a menudo maliciosa, la acción de los gobernantes; que también extravía, pero que sólo puede dar luz, para concluir que la libertad de prensa alumbra más que extravía. Sin embargo, el propio autor recalca que esta libertad no debe ser absoluta, sino que son necesarios medios para reprimir sus abusos, señalando que una prensa verdaderamente libre requiere de estos medios de represión para evitar las faltas y los delitos en los cuales pueda incurrir.

Creo con esto haber expresado mi propia opinión personal sobre la cuestión netamente política de si debe o no en Venezuela dictarse la legislación reglamentaria sobre la libertad de expresión. Reconocido el abuso en los términos mencionados, se hace indispensable un medio idóneo y adecuado para que la sociedad pueda disfrutar del derecho a la libre expresión, sin sentirse amenazada por el poder de la prensa ni intimidada por sus abusos o su actitud difamatoria.

3. Si jurídicamente es posible imaginar varios medios para limitar el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión, han caído en desuso algunos medios fiscales utilizados mucho tiempo atrás, como garantías exigidas, impuestos de timbre o impuesto sobre papel y, ciertamente, cuentan también con la repudiación casi unánime las medidas denominadas preventivas, es decir, el control o la censura previa.

Nuestra Constitución se anticipa a medidas de este orden y prohíbe de manera expresa una restricción preventiva, desechando la censura.

Entre los medios jurídicos que al parecer han dado resultado positivo se encuentran las medidas represivas. Estas medidas han sido consagradas generalmente en los Códigos Penales, algunas veces entre los delitos y con frecuencia dentro de las faltas. Medidas de esta naturaleza establecidas en el derecho penal común siempre han sido reconocidas como débiles y quizás en los tiempos modernos más débiles que nunca. No creo que en Venezuela acciones penales intentadas contra periodistas o directores de publicaciones, hayan concluido alguna vez en sanciones de carácter penal o en condenas pecuniarias, aun en los casos más evidentes de procedencia de dichas sanciones. Esta comprobación, por lo que anota la doctrina jurídica, se puede decir que es una experiencia universal.

Muchos países han adoptado para estos tiempos un método de medidas represivas especiales, separado de la legislación penal ordinaria y que en general se reducen a la declaración de existencia del diario o periódico, de un depósito especial de las ediciones y, por último, la designación de un agente responsable. Las leyes señalan o tipifican una serie de delitos especiales, y a veces un procedimiento que se aparta del enjuiciamiento criminal ordinario, adquiere así este derecho represivo de la prensa una agilidad mayor que la del derecho penal ordinario, y una aplicación más efectiva.

4. En Venezuela el proyecto de Ley Reglamentaria del Artículo 66 de la Constitución se inclina por el sistema de las medidas represivas especiales, en términos generales, pero en su conjunto la ley adolece de tantos y tan diversos defectos técnicos que realmente sería más perjudicial la sanción de ese proyecto que la situación actual carente de regulación.

En el aspecto sustantivo de los veintidós artículos que componen el proyecto de la ley, podría señalarse a modo de simple ejemplo la inutilidad del único aparte del artículo 1º, que dice: “La creación artística, la especulación filosófica, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, lo mismo que la divulgación de las obras, trabajos y ensayos que los expresan están protegidos por la ley”. El artículo 2º en su totalidad es superfluo y confuso especialmente la frase que señala que todos tienen la libertad de investigar (?), igual cosa puede decirse de todo el artículo 3º, que en realidad lo que hace es expresar en otros términos, diversas libertades ya consagradas en forma más clara, científica y literariamente por la Constitución.

El artículo 4º de la ley establece un derecho ya conocido en la legislación francesa de prensa de 1881, y que se denomina derecho de respuesta, que consiste fundamentalmente en el derecho de toda persona aludida en un diario de hacer insertar gratuitamente en el mismo lugar y en la misma forma una respuesta o aclaratoria. En principio, la consagración de este derecho de respuesta y su regulación parece claro, sin embargo, la forma que adopta el proyecto y el procedimiento de reclamación por la falta de publicación del desmentido o aclaratoria es completamente insuficiente y está regulada con graves errores de técnica legislativa. El artículo 5º señala que la reclamación se presentará ante el Juez de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción. No se indica quién puede presentarlo, en qué plazo debe hacerse, en qué forma debe presentarse, ni cuál es el Juez Penal llamado a conocer del asunto. En la misma disposición se indica que el Juez debe resolver transcurrido un plazo de tres días sin que el director haya o no respondido. La resolución del Juez parece circunscribirse a aplicar al director (¿personalmente?) una multa de Bs. 100 a Bs. 2.000, una prisión de ocho a treinta días y la suspensión inmediata de la publicación o trasmisión. Esa suspensión no indica el proyecto si es temporal o permanente, ni dentro de qué límites. El último párrafo del mismo artículo señala que el propietario o director podrá solicitar que se levante la suspensión ordenada por el Juez comprometiéndose a insertar o difundir la aclaratoria, pero no señala ninguna medida en caso de violación o de incumplimiento parcial del compromiso asumido, quedando como una norma incompleta.

El artículo 6º señala que toda publicación, radiodifusora o televisora, tendrá un director o responsable que sea una persona natural. No se indica cuáles son las características de esa persona natural, si puede o no tener su domicilio en el extranjero, si continúa en tal cargo por ausencia temporal. El artículo 15 califica como clandestino todo impreso que no cumpla con los requisitos anteriores, señalando que la “autoridad” impedirá la circulación.

Conviene mencionar también que el artículo 6º señala que si el impreso “accidentalmente quedara sin director, la responsabilidad recaerá sobre el jefe de redacción, el administrador, y en última instancia sobre el propietario de la publicación”. Es difícil entender si esta responsabilidad va de uno a otro, faltando los primeros en el orden designado, o la autoridad puede elegir a cualquiera de ellos para fijar las responsabilidades. El último párrafo de este mismo artículo 6º habla de una responsabilidad solidaria, y ciertamente ignoramos a qué quiere aludir el término “solidario”.

Para no alargar el análisis de cada una de las disposiciones podemos indicar someramente que los artículos 9º, 10º, 11 y 12 son talmente innecesarios en su formulación actual, ya que prácticamente repiten disposiciones del Código Penal redactadas en forma mucho más clara.

En el artículo 13 se prevé una sanción en extremo curiosa y es la medida de incautación de la publicación impresa o grabada que realiza la autoridad ejecutiva cuando se considere como urgente, y sin intervención del tribunal. Esta incautación que no está definida, no precisa el proyecto cuál es su alcance, si sólo recae sobre el impreso publicado o también conlleva la ocupación o incautación de talleres, oficinas, máquinas, etc.; queda también sin precisión si es la sola publicación o ejemplar considerado por la autoridad como incurso en el delito o si implica la prohibición futura para que aparezcan los ejemplares sucesivos. El procedimiento señalado indica que la autoridad deberá acudir al tribunal, pero no expresa qué autoridad debe acudir ni ante qué tribunal debe acudir. La denuncia de esa autoridad debe hacerse en el curso de las veinticuatro horas siguientes, pero sin señalar ni la sanción ni responsabilidad ni recurso alguno para el caso de que se llevare a conocimiento del Juez el asunto. Extremadamente peligroso resulta que la autoridad ejecutiva pueda apreciar libremente, sin responsabilidad de ningún género sobre el ejercicio de un poder tan amplio y tan poco preciso. Por esta vía, cualquier régimen o gobierno, a su libre conveniencia, puede eliminar de la circulación cualquier órgano de prensa o de difusión. El tribunal debe convalidar o revocar la incautación dentro de las 24 horas siguientes a la denuncia de la autoridad. Cabe preguntarse, si el tribunal convalida la medida, qué tiempo o duración tendrá esta sanción. Evidentemente debe ser temporal la medida, pero dejarla al arbitrio absoluto del Juez y eliminar de la circulación algún diario o revista, etc., con la complacencia del tribunal, sin recurso de ningún género y al parecer sin responsabilidad para los órganos ejecutivos es ciertamente atentatorio. La carencia total de regulación de esta incautación, la imprecisión de todos los términos utilizados en el artículo 13º, la falta de procedimiento claro, el hecho de no indicarse el tribunal competente, el resultado y alcance de la medida, y el arbitrio dejado a la autoridad administrativa es tan amplio que ciertamente la disposición del artículo 13º parece a primera vista inconstitucional, ya que una limitación de tal género viola la disposición del artículo 66 de la Constitución Nacional.

La disposición del artículo 14º no parece correcta jurídicamente, ya que en nuestro sistema penal, si el delito cometido es de acción pública no se concibe el desistimiento de la acción con tales efectos.

La norma del artículo 16º es incompleta, ya que no establece ninguna sanción para la misma.

La norma del artículo 15º no parece concordar con la del artículo 18º, ya que en la primera se habla de “impresos clandestinos” y en la última se habla de “publicaciones anónimas”. Este último artículo impone sanciones de arresto, prisión y multas, pero el sujeto pasivo de esas sanciones son las “publicaciones anónimas”, cosa carente totalmente de sentido.

Por último cabe señalar que hace falta precisar de una manera clara y sin lugar a dudas cuál es el procedimiento que debe seguirse en los casos de delitos o faltas señalados en el proyecto, si debe aplicarse o no el procedimiento ordinario, si las acciones nacidas de esos delitos son de acción pública o no, el fuero competente para conocer de las infracciones y como salvaguarda fundamental del derecho de libertad consagrado por el artículo 66 de la Constitución Nacional, es impretermitible que la ley prevea sanciones y responsabilidades para la administración pública y/o para los funcionarios y autoridades que se hayan extralimitado en los poderes que se les confían. Lo mínimo que se puede exigir a un Estado que quiera establecer límites para la libertad de expresión, es imponer como mínimo responsabilidades pecuniarias al propio Estado o a sus funcionarios, por el desacato, el abuso o la extralimitación de los poderes que se le han confiado.

5. En mi opinión el proyecto en su redacción actual debe modificarse totalmente, ya que un texto de ley elaborado con tal cúmulo de errores de técnica legislativa, en vez de resolver los problemas anotados al comienzo, lo que tendría por resultado es aumentar el caos y la confusión ya existente.

Queremos excusarnos por no dar sino aportes negativos de crítica sin completarlos con los positivos que deberían reemplazar a los criticados, porque esa labor corresponde en Venezuela a la práctica política, y a quienes la manejan.

Caracas, enero de 1965.

gonzalo pérez luciani

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.