Abogados y periodistas opinan (sobre la ley de prensa)

José Gerbasi

¿Es esta una ley “política”?

Soy de la opinión de que mientras menos se legisle en prensa mejor, por lo que estoy en desacuerdo con la ley, al legislar sobre la ley ya contenida en la Constitución Nacional lo que se hace es interpretar dicha ley ampliándola a nuevos aspectos. Esto traerá consigo que las noticias también serán objeto de esta interpretación de acuerdo a este nuevo proyecto de ley reglamentaria; creo pues, que lo mejor sería dejar como están los artículos contenidos en la Constitución Nacional, que se refieren de una manera directa a la prensa.

Este nuevo proyecto de ley reglamentaria, como el original, no atañe a los periódicos, como empresas industriales o comerciales, ya que la responsabilidad de los artículos publicados siempre recae sobre los reporteros, mientras los periódicos seguirán inmunes.

Otra objeción que yo haría es que dicho proyecto no ha sido tocado por profesionales, no han sido consultados, y las leyes de prensa deben ser muy bien pensadas, consultando personas especializadas.

Para mí es un error el haberla publicado seis meses antes de entrar en las Cámaras para su aprobación final, porque esto produce un cierto clima negativo, contrario a esta reglamentación del artículo 66 de la Constitución.

La infamia, la calumnia, se puede controlar con la ley ya existente, y esto de hecho ha sucedido, como el caso del doctor A. Gabaldón, que metió preso a un empresario de prensa y tres reporteros por infamias contra su persona.

Es una ley política circunstancial.

¿Considera usted que lo referente a la moral y las buenas costumbres será nuevamente letra muerta?

—En cuanto a las leyes se refieren a la moral, soy de la opinión de que no se puede imponer una ética especial a un periódico, sino que éste debe de tenerla ya de por sí; la moral va por dentro de las personas, y se refleja en los periódicos. Lo que se debe hacer es elevar la ética periodística.

Humberto Cuenca

Profesor de Derecho Procesal Civil y de Historia del Periodismo

¿Cómo entiende la función del periodista en la vida del Estado?

—Si por Estado se entiende el gobierno efectivo del pueblo, creo que la función del periodista debe ser educar y orientar, defender los intereses de la clase trabajadora, formar e informar con la mayor libertad. En otra oportunidad he dicho que el periodista es un maestro de multitudes, un pedagogo de masas. Lamentablemente, en nuestra sociedad capitalista el periodismo no es sino la expresión de los intereses de los explotadores del pueblo y las leyes que promulga el Estado, en nuestra sociedad, sólo tienden a proteger esos intereses.

¿Considera justo que el Estado establezca una reglamentación de la libertad de prensa?

—De acuerdo con lo expuesto, toda reglamentación de la libertad de prensa, en el sistema capitalista, es contraria a la voluntad popular, es atentatoria contra esas libertades públicas que en forma eufémica e insincera proclama la democracia representativa. Se debe impedir que el periódico se convierta en instrumento de delitos comunes y para ello existen las sanciones establecidas en el Código Penal contra la injuria, la difamación, el vilipendio, etc. El proyecto de la ley de prensa que se propone estudiar el próximo Congreso reprime y oprime la libertad de pensamiento, pero no establece ninguna sanción contra el gobierno por la clausura ilegal de periódicos, el encarcelamiento de periodistas, sin debido proceso, el embargo ilegal de las maquinarias para hacer el periódico, la detención de los pregoneros, menores de edad, etc., en fin, contra todo el sistema de abusos establecidos por el gobierno anterior y continuado por el actual. Por tanto, es un proyecto que debe ser repudiado por la voluntad popular.

Joaquín Gabaldón Márquez

Director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela

¿Cómo entiende la función del periodista en la vida del Estado?

—Prefiero referirme hoy, no a la vida del Estado, sino a la vida de la Nación, y más aún, de la sociedad,

[Ilustración: dibujo de un caballo]

pues ya tengo escrito mi criterio al respecto en la meditación sobre “¿Qué es el periodismo?”, publicado en el Nº 152 del Boletín de la U.C.V. La función básica, transcendental, allí está descrita. Lo que falta es que el periodista mismo, individual o colectivamente, quiera y pueda ejercer plenamente esa función. Mi pensamiento y mi actitud en la Escuela de Periodismo se desarrollan —así trato de hacerlo al menos— bajo el signo de la lucha por la liberación del periodismo. Hoy por hoy, el periodista es un siervo de fines secundarios. Es una actividad social e individual que se encuentra “alienada”, “enajenada”. Y lo peor es que a menudo ignora su propia alienación y sirve a sus amos con alma, vida y corazón! Produce, en efecto, a veces, una sensación de risa trágica el entusiasmo con que los periodistas sirven a la causa de su propia servidumbre! Servidumbre que se cree voluntaria, pero que no lo es! Hay que abrirle los ojos al periodista para liberar al periodismo de su coyunda insidiosa!

[Ilustración: dibujo de un caballo]

—¿Qué opinión le merece el proyecto de Ley de Prensa?

—Les diré mi opinión cuando terminemos en la Escuela el estudio técnico-jurídico, social, político, ético, inclusive gramatical, que tenemos emprendido.

Una Escuela ni un Director pueden hablar improvisadamente. Llevaremos a la Comisión respectiva del Congreso nuestras conclusiones finales. ¡Tengan paciencia!

Sin embargo, puedo adelantarle que el proyecto no es ninguna joya!

Gustavo Planchart Manrique

Profesor de Derecho Constitucional

—¿Considera usted que la Ley de Prensa se ajusta a la Constitución?

—Antes que nada creo que es conveniente observar que la libertad de expresión, tal como está consagrada en la Constitución es un derecho que puede ser sujeto a reglamentación mediante una Ley. La Constitución prohíbe expresamente el que pueda establecerse censura previa, de modo que la reglamentación de la libertad de expresión nunca podrá contener normas que establezcan censura previa alguna. Lo otro que debe observarse es lo siguiente: Toda reglamentación de la libertad de expresión por Ley, sólo puede tener por objeto el de evitar el abuso de la libertad de expresión y castigar los delitos que pudieren cometerse por el abuso de dicha libertad, pero en ninguna forma podría la Ley establecer una reglamentación que hiciese nugatoria la libertad de expresión del pensamiento.

El proyecto de ley reglamentaria del Artículo 66 de la Constitución Nacional, o sea, de la libertad de expresión, creo que desde un punto de vista formal no es contraria, ni viola la Constitución Nacional, pues ni establece censura previa ni reglamenta la libertad de expresión de tal modo que ésta desaparezca. Sin embargo, creo que el proyecto de ley es bastante vago en determinados puntos, sobre todo en la tipificación de los delitos que contemplan los Artículos 9 y 10 del proyecto, lo cual podría prestarse a graves abusos interpretativos. Igualmente, el derecho de réplica establecido en el Artículo 4º del proyecto de ley me parece excesivo en alguna de sus partes, sobre todo en lo que se refiere a la extensión. Por otra parte, no se establece claramente si el procedimiento de reclamo establecido en el artículo quinto está sujeto a apelación, lo cual podría interpretarse en sentido negativo, lo que considero inconveniente.

Debo advertir que, en buena lógica, la libertad de expresión no debe coartarse sino cuando conforme a la doctrina del juez norteamericano Holmes, su uso cree un peligro actual e inminente de que el acto delictivo al que se incita pueda efectivamente realizarse. Por ejemplo, si un mahometano decidiese escribir en Venezuela a favor de la bigamia o de la poligamia, se podría considerar que ello ofende la moral pública, pero es tan remota la posibilidad de que ello ocurriere, que penar ese tipo de expresión es absurdo. Lo mismo si alguien quisiese defender el restablecimiento de la monarquía española en Venezuela, aun cuando estuviere preconizando medios violentos para ello. La ley en este punto no parece establecer tal criterio interpretativo y que es el lógico en esta materia, ya que siendo la libertad de expresión esencial al régimen democrático, debe restringirse lo menos posible y en cualquier caso de duda, interpretarlo a favor de la libertad de expresión.

—¿Considera usted política la Ley?

—Interpreto la pregunta en el sentido de que lo que se quiere es mi opinión sobre si la considero oportuna, ya que normalmente cuando se usa la palabra política en ese contexto es con el significado de oportunidad.

Considero que el proyecto de ley reglamentaria del Artículo 66 de la Constitución no es oportuno. Creo que cuando estamos en el período de afianzamiento de las instituciones democráticas, no se puede crear una ley como la que contempla el proyecto, sin arrojar algunas dudas, por ligeras que sean, sobre el sistema democrático mismo, ya que si para que sobreviva el sistema democrático es necesario precisamente restringir, así sea ligeramente, una de sus principales libertades, quizás base de todo el sistema, los enemigos de la democracia adquieren un material de propaganda precioso para tratar de demostrar que el sistema sólo puede vivir negándose a sí mismo.

En la mayoría de los países los problemas relativos a la libertad de expresión son regulados a base del Código Penal en lo relativo a la difamación y a la injuria o en lo relativo a la incitación a delinquir, sin necesidad de crear un instrumento especial que regule lo relativo a la libertad de expresión. A parte de ello, en muchos países la difamación y la injuria dan origen, no a persecuciones penales, sino a indemnización civil por daños y perjuicios morales. Quizás este método sea más efectivo que el que propugna la Ley. Especialmente pienso en Inglaterra, quizá el país más respetuoso de los derechos humanos, por lo menos dentro de la Isla.

En consecuencia, creo que los beneficios que busca el Gobierno con el proyecto de Ley de Prensa, en definitiva se podrían conseguir por otros medios, sin crear las resistencias y temores, quizás algunos de ellos justificados, que el proyecto presentado a las Cámaras provoca.

Hugo Ardila Bustamante

Profesor de Derecho Penal. Miembro de la Corte Suprema de Justicia

—¿Considera necesaria una Ley de Prensa?

—La Constitución Nacional prohíbe la propaganda de guerra. Por lo tanto, es indispensable que la ley señale la pena correspondiente a ese hecho, tipificándolo como delito. Prohíbe también la Constitución el anonimato, pero la ley penal vigente no trae ninguna disposición al respecto. Indudablemente el Estado y sus Instituciones, así como la reputación y el honor de los ciudadanos, no pueden quedar al arbitrio de instigadores o difamadores anónimos. En este sentido general creo firmemente que es necesario regular esos principios constitucionales.

En el artículo 172 del Proyecto de Código Penal, actualmente en el Senado, ya se habían propuesto previsiones acordes con la Constitución, que más adelante se hacen extensivas al delito de difamación.

—En relación con las penas establecidas, ¿cómo las cataloga?

—No puedo opinar sobre el contenido integral de esa ley, porque ello requeriría un exhaustivo estudio, y por otra parte mi condición de magistrado no me permite adelantar conceptos sobre el particular.

Pascual Venegas Filardo

Jefe de Redacción del diario El Universal

—¿Qué opina del grado de responsabilidad atribuida en el proyecto al Director?

—Es un principio universal aceptado en todos los países civilizados, el que todo material que se publique en un diario o revista —sin firma— es de la responsabilidad de ese órgano de publicidad. De esta manera es responsable el Director. Así que el artículo 7º de este proyecto de Ley de Prensa, no es una novedad. Si esto es algo ya consagrado, resulta redundante que se requiera un articulado en una nueva ley para expresarlo.

—¿Cuál es —en su opinión— el punto más negativo del proyecto?

—Lo negativo en este proyecto de Ley, es el proyecto mismo, y la Ley de ser aprobada. Si existen sanciones concretas expresadas en el ordenamiento jurídico venezolano para lo que se pudiera calificar como delito de imprenta, esta ley sobra. Por eso, lo negativo en este proyecto, es él en su totalidad.

José Moradell

Jefe de Redacción del diario El Nacional

—¿Es conveniente una Ley de Prensa para Venezuela?

—No la creo conveniente. Y considero del todo inconveniente una ley apresurada.

[Ilustración: dibujo de un caballo al galope]

—¿Qué opina del grado de responsabilidad atribuido en el proyecto al Director?

—Lo considero cohibitivo para dirigir un órgano de información y un vehículo del pensamiento en un país libre.

Luis Esteban Rey

Director del diario La República

—¿Qué opinión, en su conjunto, le merece la Ley?

—La Ley de Prensa, como cualquier otra ley, debe estar muy bien estudiada. Pero ésta, concretamente, debe estar consagrada a robustecer la libertad de prensa y a fortalecer el principio de la libertad de expresión, que, como todos sabemos, es algo vital en un régimen democrático. Es una materia muy delicada, porque se trata de establecer un límite entre la libertad y el abuso.

—¿Qué opina del grado de responsabilidad atribuido en el proyecto al Director?

—La ley debe estar encaminada a fijar responsabilidades precisas de lo que se diga en el diario y que pudiera afectar la reputación de una tercera persona. En mi opinión el Director debe ser responsable de todo lo que aparezca sin firma en su diario. Incluyendo los seudónimos, a menos que éstos estén respaldados por una firma responsable.

Rafael Poleo

Director del diario El Mundo

—¿Considera democrático el proyecto de Ley de Prensa?

—La proyectada Ley de Prensa tiene el propósito evidente de limitar, casi hasta anularla, una de las libertades públicas más útiles, cual es la de criticar al Gobierno. Esa crítica a la función de gobernar y administrar es un mecanismo de corrección con el cual, en el sistema democrático, se obliga a los gobernantes a un más eficiente y más honesto ejercicio de su misión. Ocurre en Venezuela que un gobierno inferior a las necesidades del país e incapaz de desvirtuar objetivamente las críticas que se le hacen, usa la mayoría parlamentaria de la ancha-base para imponer una Ley de Prensa que el país rechaza. Con ello elimina uno de los mecanismos compensadores de la democracia, se rompe el equilibrio.

Por cierto que los uslaristas y urredistas ignorantes —los primeros por novicios y los segundos por la escasa preocupación ideológica que les es característica— de los fundamentos teóricos de una democracia, no están en condiciones de apreciar el daño que la Ley de Prensa hace al sistema. Pero sí deberían advertirlo los adecos, menos irresponsables que sus socios por cuanto de modo general son gente de más sólida formación política.

—¿Qué opina del grado de responsabilidad atribuido al Director en el proyecto?

—Demuestra que quienes elaboraron el proyecto son duchos en función policial, pero ignorantes en materia periodística.

Ningún Director de ningún periódico puede controlar su publicación hasta el punto de responsabilizarse en la medida pretendida en el proyecto de Ley de Prensa.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.