Venezuela 66: recuento

Todas las revistas y todos los periódicos, cuando ven llegado el final del año, publican su “Lista de sucesos del año anterior”. Nosotros, por no ser menos, tenemos casi la obligación de publicar la nuestra, que en vez de aparecer en el número de diciembre, sale en este número de enero, para observar los hechos a distancia, con diferente y más imparcial punto de vista. Por eso, entre otras cosas, éste no es precisamente un recuento, una enumeración de hechos comentados, sino más bien un conjunto de reflexiones que nos produce el año que acaba de pasar.

Política y palabras

Si echamos una ojeada a lo que se publicó en 1966, y tratamos de echar también una oída —aunque solo sea con la memoria— a lo que se dijo, encontraremos que fue un año político. No exactamente que el año fuera el político, sino que nosotros le dimos ese cariz. Es decir, que cualquier clase de suceso ocurrido, en una u otra forma, fue visto con el lente de la política, y, por eso, muchas veces deformado. Por otra parte, como lo que llamamos aquí “política” es una especie de peligroso ajedrez emocional, más de una vez, también, el año se vio marcado con el sello de la violencia.

[Ilustración: un orador habla ante una mesa en una asamblea.]

Dos acontecimientos nos dan la pauta de lo antes afirmado. Uno, que tuvo su momento específico, los meses de junio y julio: las muertes de dos dirigentes políticos; otro, que no tuvo un tiempo determinado, sino que se dio a lo largo de todo el año: el recrudecimiento de la demagogia.

La muerte, con un mes de intervalo, de Alirio Ugarte Pelayo y Fabricio Ojeda, enlutó al país, y movió a tristes reflexiones sobre el destino de nuestros hombres públicos. Latinoamérica tiene el récord mundial de políticos suicidas, lo cual nos da una idea de cuán emocional, glandular, irracionalmente se lleva en nuestros países la lucha por el poder público. Además, en 1966 se abrió el debate acerca de la muerte de Alberto Lovera, y junto con el debate se abrieron también ciertos hasta entonces cerrados y oscuros secretos que despiden un muy desagradable olor. Estas tres muertes deberían despertar de algún modo la conciencia de los venezolanos, para evitar, en lo futuro, que la política degenere, de armónico juego de la dinámica del poder público, en un juego siniestro, un “ajedrez fatal”.

Pero además de la politización creciente, se notó también que tal politización venía con una de las dosis de demagogia más grande de los últimos tiempos. Problemas de índole estrictamente económica, como el debate sobre la Reforma Tributaria, y que en cualquier otro país civilizado se enfocaría sólo desde el punto de vista técnico, fueron motivo de enconadas luchas, impulsadas por motivos de ambición personal o de conveniencia partidista en la inmensa mayoría de los casos. Pero lo peor no es esto, sino que toda la politiquería levantada en torno al proyecto de Reforma Tributaria, no sólo era eso, politiquería, sino que además se disfrazaba bajo un barniz de tecnicismo superficial, lleno de palabras huecas y vacío de análisis científicos del asunto. Cada partido tenía su posición, y cada posición estaba determinada por intereses de grupos particulares.

Se habla, se habla, se habla… pero las palabras, que son quizás los instrumentos más valiosos con que el hombre cuenta, no tienen ningún valor si no son reflejo de las realidades. Durante 1966, lamentablemente, apenas si se dijo alguna palabra real, sincera. Todo se perdió en palabrería interesada.

¿Hubo otras noticias?

Uno se dirá, frente a la explosión de lo político, ¿es que no hubo otra clase de noticias? La respuesta tiene que ser sí, que sí las hubo, pero que fue como si no las hubiera habido.

Por ejemplo, vayamos al terreno del arte. Carlos Cruz Diez, pintor venezolano ganador del Premio Nacional de Pintura hace ya algunos años, se encuentra radicado en París, donde sus obras, las “fisicromías” son consideradas, junto con las “estructuras cinéticas” de Jesús Soto, de lo más avanzado en el arte actual. Cruz Diez, pues, organizó durante los meses de Octubre y Noviembre una exposición en una conocida galería. Mientras la exposición estaba abierta al público, Cruz Diez obtuvo el máximo galardón de uno de los certámenes artísticos más cotizados mundialmente. Pero la prensa capitalina apenas le dedicó un par de columnas a la noticia, y la asistencia a la exposición, que era por entonces bastante escuálida, no aumentó en nada.

El tono de estas líneas es bastante sombrío, pero no es por pesimismo o amargura del que las escribe, sino porque es fiel reflejo de la realidad de ese triste año de 1966. Quizás se deba esto a algún raro modo de ver las cosas por parte de nosotros, los venezolanos, pues se necesita que una noticia, en el caso de no ser política, sea trágica y espeluznante para que nos conmueva. Las terribles inundaciones que azotaron varias regiones del país, dejando un deplorable saldo de muertos, heridos y familias en la miseria, despertaron la atención dormida de la opinión pública. No era para menos, dado lo descomunal del suceso. Sin embargo, con o sin tragedia, es la política el verdadero foco de atención. Piénsese, si no, en que todas las páginas dedicadas al comentario de las inundaciones en todos los periódicos, no alcanzan, ni con mucho, a las que a lo largo de todo el año, hacían conjeturas acerca de la inminencia del regreso del expresidente Betancourt, y de su última, penúltima o antepenúltima entrevista en Nápoles, Roma o Nueva York con los líderes X, Y o Z…

Las cosas buenas

Antes de entrarle a los “platos fuertes”, vamos a dar un ligero paseo por las pocas cosas buenas que hubo, como un reconfortante aperitivo antes de la bomba indigesta. Por supuesto, como lo único que hubo, se dio en el campo político, volvamos a él, sumerjámonos en sus procelosas y negras aguas, e intentemos nadar entre ellas.

Tres de los sucesos, que en general se vieron como deplorables, son en realidad tres hitos en el camino de la consolidación en Venezuela del estado de Derecho. Son el alzamiento de Ramo Verde, la conferencia de presidentes en Bogotá, y la formación de un frente de oposición.

El alzamiento de Ramo Verde es el primero que se da durante el período constitucional 1963-1968, y contra todas las predicciones, fracasó. Esto es sorprendente si se toman en cuenta todos los factores que se daban para entonces en el país. En primer lugar, la opinión, en términos generales, era la de que el Presidente Leoni es un hombre gris, sin iniciativas, muy inferior en astucia y habilidad política a su predecesor. En segundo lugar, una fuerte campaña periodística, dirigida desde cierta “cadena”, había provocado inseguridad y desconcierto en las masas, y, en algunos núcleos, abierta hostilidad al régimen. Además, los proyectos de Reforma Educativa y Tributaria, introducidos casi al mismo tiempo en el Congreso Nacional, habían sido motivo de encendidos debates, de agudas y certeras campañas, movilizadas desde ciertos sectores, y todo esto había dado como resultado un fuerte descrédito del partido de gobierno y una aterradora fuga de capitales, una de las más fuertes que ha visto el país. Por otra parte, las fuerzas reaccionarias del país (la palabrita “reaccionario” se ha desvirtuado mucho por su uso en bocas no bien intencionadas. Sin embargo, aquí cabe perfectamente), las fuerzas reaccionarias, repetimos, se sentían fortalecidas por las pugnas internas en Acción Democrática, y por todos los sucesos anteriores. En suma, el clima era perfecto para retroceder a la dictadura militar —pues no a otra parte pueden conducir los golpes de estado en el momento actual— y todo hacía pensar en el fracaso de la democracia.

Sin embargo, el golpe no tuvo éxito. Es más, fue eliminado casi sin derramamiento de sangre y sin movimiento de tropas. Todo pasó como si tal cosa. Caben dos conjeturas: o el gobierno es muy fuerte, o los golpistas estaban desorganizados. En realidad, ambas hipótesis son ciertas en parte. El gobierno es fuerte, no por la astucia del mandatario, ni por su habilidad política, sino porque la democracia, como sistema, no encarnada en hombres ni partidos, tiene el apoyo mayoritario del pueblo. Y los golpistas estaban desorganizados precisamente porque no contaban con ningún apoyo popular.

La conferencia de presidentes solamente vio reunirse a tres de ellos: Lleras Restrepo, Frei y Leoni. No hubo más porque en la mayor parte de las 16 repúblicas latinoamericanas restantes prolifera una deplorable fauna en vías de extinción: los Onganía, Somoza, Stroessner, Castello Branco, Castro, etc.… Pero los tres que asistieron, modelo de mandatarios democráticos y de estadistas conscientes, son una muestra de que la fe en el sistema de mayorías crece cada vez más en nuestro continente.

Finalmente, la formación de un frente de oposición es acaso el más significativo suceso para la consolidación de la constitucionalidad en Venezuela. En el mitin del Nuevo Circo vimos y oímos actitudes y palabras duras, descarnadas, algunas veces insultantes, pero el derecho de las masas que llenaban deficientemente el Nuevo Circo, a aplaudir y vitorear a sus líderes, a pesar de lo que decían, no se vio en ningún momento discutido. Esto da profunda confianza a esas mismas masas, que en el momento de depositar su voto por el candidato que el frente de oposición proponga, podrán hacerlo sin ningún temor a represalias y fraudes, y seguros de que, gane o pierda su candidato, las elecciones serán justas. 1966, con toda su agitación preelectoral, y con toda su demagogia barata, es un índice de la consolidación progresiva de la fe democrática de nuestro pueblo.

Otras noticias se dieron en 1966 de gran importancia. Los problemas económicos del País, la Reforma Tributaria de la que hablábamos líneas arriba, el posible ingreso de Venezuela en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, el presupuesto universitario… ¿dijimos universitario? Universitario, efectivamente, y universitario fue el principal suceso que tenemos, no ya por obligación periodística, sino por vivo deseo de miembros de la comunidad estudiantil, que comentar. Pero, por supuesto, merece capítulo aparte.

El allanamiento

La super-noticia nos la dio el Ejecutivo en Diciembre, como regalo de navidad, dulce para algunos, amargo para otros, y de preocupante indecisión para la gran mayoría: el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela.

Para disponer acertadamente las ideas en un breve análisis del suceso, es necesario tener una visión panorámica, dentro de los límites de lo general, de lo ocurrido. Para ello veamos los antecedentes legales y de orden fáctico.

La Universidad goza, por disposición de la Ley, de autonomía. Esta consiste en un régimen especial que da independencia a la institución frente a cualquier otra entidad, en dos órdenes: docente y administrativo. Su finalidad es que la búsqueda y expresión del pensamiento se den, en la casa formadora de los nuevos profesionales, dentro de un clima de absoluta libertad. Paralelamente a la autonomía, y como un residuo tradicional de un fuero medioeval, existe la inviolabilidad del recinto universitario, que lo equipara con el hogar doméstico, en cuanto que sólo puede ser allanado mediante una orden judicial o para impedir la perpetración de un delito. Como esta disposición traería como consecuencia que el orden político sería de difícil mantenimiento en la Universidad, el artículo 6º de la Ley de Universidades atribuye este mantenimiento a las autoridades universitarias. Estos son los antecedentes legales.

Los antecedentes que en el orden fáctico se dieron son sencillos, pero muy claros. En primer lugar, amparándose en la inviolabilidad del recinto, numerosos sujetos de fines ajenos a la Universidad, utilizaron su recinto como escenario de delitos y como guarida o escondrijo. En segundo término, la solución propuesta por la Ley, el mantenimiento del orden confiado a las autoridades, no se dio. Por qué no se dio es algo que no está exactamente determinado. Lo cierto es que, intimidados por amenazas, o bien por complicidad manifiesta, las autoridades universitarias en su mayoría se hicieron de la vista gorda frente a los flagrantes delitos que fueron cometidos dentro de la Universidad. Ciertos grupos políticos, además, confundiendo deliberadamente a la Universidad con ellos mismos, dijeron en repetidas ocasiones que señalarlos a ellos como delincuentes era señalar como delincuente a la institución.

Estando así las cosas, se produjo una de las más crudas olas de terrorismo que recuerda el área urbana, y que culminó con el asesinato de un ex-oficial asimilado de las Fuerzas Armadas y con el atentado a un oficial efectivo. Vista la situación, el Ejecutivo suspendió determinadas garantías, usando de la atribución que la Constitución le confiere, y procedió a allanar la Universidad Central de Venezuela. Luego, apresuradamente, dictó un decreto en el que quitaba a las autoridades la guarda del orden público, atribuyéndosela a los órganos del poder público, y dejando intacta la autonomía. Estos son, hasta ahora, todos los hechos.

Frente a esta situación, ¿qué reflexiones surgen? Surgen tres clases de reflexiones, las referentes al Ejecutivo, las referentes al conglomerado nacional y las referentes a la comunidad universitaria.

Con respecto al Ejecutivo Nacional hay que decir que la medida era la única posible dadas las circunstancias que se vivían, pero que hubiera sido evitable si se hubiera tenido algo más de conciencia en los años que precedieron al allanamiento. Todos los problemas surgen de la carencia de un reglamento adecuado de la Ley de Universidades, el cual hubiera debido dotar a las autoridades universitarias de los medios necesarios para imponer el orden de una manera real, o bien establecer con claridad lo que se entiende por recinto universitario, y permitir así la entrada de la fuerza pública dentro de los límites de la Ciudad Universitaria. Había varias soluciones posibles, como la creación de una fuerza interna, constituida por la propia Universidad, que asumiese la responsabilidad del orden interno. Lo cierto es que hace ya casi nueve años que fue promulgada la Ley de Universidades, y aún no se cuenta con un reglamento para la misma. Así se explica que ahora se tengan que tomar medidas tan desagradables como una suspensión de garantías y un allanamiento, con su correspondiente secuela de abusos, deterioros materiales, consternación y descontento en la opinión pública, etc. Si hubiera habido un reglamento, además, no se hubieran suscitado tantos problemas como para dictar el decreto 693, que atribuye a los cuerpos policiales la custodia del orden dentro de la Universidad, y que se presta a tan confusas y equívocas interpretaciones, algunas de ellas francamente ilegales. Por todas estas cosas, la medida, que se hacía de imperiosa necesidad dadas las condiciones del momento, se ve empañada por la reflexión de que hubiera sido evitable si no hubiera mediado tanta negligencia por parte del Ejecutivo.

Con respecto al conglomerado nacional, pueden verse tres aspectos de la repercusión que la medida ha tenido. En primer lugar, electoralmente ha tenido fuertes efectos, pues las acusaciones que con frecuencia se hacían al gobierno, de ineficaz y tímido, se trocaron en alabanzas por su efectividad y drasticidad. En segundo lugar, la medida, por lo que ella misma es en sí, ha librado a la Nación, al menos momentáneamente, de mantener y soportar sobre sí una fuente de subversión dentro de la Universidad. En tercer lugar, ha tenido un efecto negativo. Este efecto negativo es el de que ahora, después de publicadas las listas de armamentos y propaganda subversiva encontrados en el recinto universitario, el sentimiento colectivo ha sucumbido en parte ante la propaganda de los grupos marxistas y hamponiles, y ha desarrollado cierta fobia contra la institución, confundiéndola con los delincuentes que se sirvieron hasta ahora de ella. Los delincuentes, pues, han triunfado, por desgracia, en este campo. Ahora, en la mente ingenua de muchos ciudadanos, todo lo universitario es marxista y hamponil, y algunos creen que habría que suprimir no sólo la inviolabilidad, sino la autonomía. Esto es lamentable.

[Ilustración: una sesión de profesores o consejeros alrededor de una mesa.]

Finalmente, también surgen ciertas reflexiones frente a la repercusión de la medida dentro de la comunidad universitaria. Primeramente, es evidente que la Universidad se ha quitado un peso de encima: ha suprimido, por lo menos en las formas más descaradas de su acción, a terroristas y hampones. En gran parte también, estamos seguros que cesará la “conspiración del miedo” que los marxistas habían impuesto en ciertas Facultades. Sin embargo, surgen ciertas dudas y ciertos temores. ¿Se hallará solución para el problema del orden público interno? Sabemos que las autoridades son ineficaces, cuando no cómplices. La aplicación irrestricta del decreto 693 provocará disturbios y es fácil que degenere en lesiones personales y hasta muertes. Por otra parte, ya no es posible mantener la inviolabilidad como hasta ahora se la ha entendido, para tener que repetir, cada dos o tres años, el mismo juego de suspensión-allanamiento-detenciones-requisas de ametralladoras; esto es absurdo. Todos nos preguntamos: ¿Qué pasará?

Y finalmente, hay que cobrar conciencia clara de que con lo ocurrido no se han solucionado los problemas universitarios. Que con el allanamiento se ha paliado un asunto de orden público, pero que los puntos álgidos de la estructura universitaria no son de este tipo, sino de tipo docente y gremial. La reforma universitaria aún se hace esperar, aunque quizás sea este un buen momento para, sin presiones políticas de corte extremista, replantear su debate. El verdadero debate auténticamente universitario.

Pablo Martín

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.