Los resultados de Punta del Este

La reunión de Presidentes de Estados Americanos en Punta del Este (Uruguay) pasará probablemente a la historia de conferencias continentales como uno de los más acabados ejemplos de impotencia política. Las remotas, pero válidas esperanzas que la Alianza para el Progreso diera en los primeros meses de 1961, bajo la Administración Kennedy, se han disipado ahora en el marco de una tensiones internacionales cada vez más fuertes y de una política exterior norteamericana considerablemente endurecida.

Fracaso en la Alianza para el Progreso

Don Juan Bosch, ex-Presidente de la República Dominicana, señaló en una conferencia pronunciada el 14 de abril en Madrid, dos de las causas que motivaron el fracaso histórico del plan de la Alianza para el Progreso. Una de ellas: que las inversiones no fueron adecuadamente vigiladas y no coincidieron con la necesaria reforma de las estructuras. Otra, que la propia Alianza para el Progreso dio lugar a la aparición de una burocracia excesivamente costosa. A causa de la primera razón las cantidades obtenidas de Estados Unidos seguían el mismo circuito financiero que trataban de combatir, es decir, continuaban enriqueciendo empresas extranjeras y a las oligarquías locales, puesto que las inversiones se hacían, precisamente, a través de ellas. Ocasionalmente las ayudas financieras americanas provocaban algún efecto saludable, elevando el nivel de salarios del personal empleado en ciertas empresas. Pero, simultáneamente, propiciaban una nueva alza en los precios que mermaba el poder adquisitivo general de la moneda, empeorando la situación de los habitantes de las zonas rurales y de las áreas deprimidas. Con todo, lo más grave era que este tipo de inversiones ignoraba sistemáticamente cuanto pudiera significar infraestructura. Las carreteras seguían exactamente igual después de que una compañía chilena o boliviana recibiese un préstamo de cinco millones de dólares.

De ese modo los préstamos estadounidenses aumentaban los beneficios de las empresas ya establecidas, sin modificar apenas la vida económica de las sociedades en que se asentaban aquéllas. Pero es que, además, un factor de tipo epidémico venía a mezclarse en el problema para desenfocarlo aún más si cabe: el orden público. Los atentados frecuentes, la amenaza de la guerrilla, la agitación universitaria y la inestabilidad de ciertos gobiernos cohibían al inversor privado a la hora de planear la colocación de sus beneficios. De ese modo el círculo vicioso quedaba totalmente cerrado y el dinero destinado a mejorar la situación de los pueblos de Latinoamérica volvía a Estados Unidos, se dirigía hacia Europa o se esfumaba en las manos de algunos gerentes desaprensivos.

Dentro de la lógica interna del capitalismo en general y del americano en particular es preciso reconocer que si la Sears o la IBEC (compañías americanas que operan en Latinoamérica) obtienen dos o tres millones de dólares de beneficios en un determinado país y a la hora de reinvertirlos en el mismo se ven obligados a contar con las fuerzas del Ejército para poner la primera piedra de las instalaciones, es probable que los responsables de esas firmas lo piensen dos veces y decidan cambiar de país o de continente a la hora de hacer negocios. Con manifestaciones callejeras, con incendios y algaradas populares no se crea el clima propicio al desarrollo económico. Esa es una verdad que las masas de aquel continente no ven porque llevan años sufriendo en su carne las consecuencias del subdesarrollo y tienen, indudablemente, un cierto derecho a la ira.

La segunda de las causas que, según Juan Bosch, explican el fracaso de la Alianza para el Progreso estriba en la formación de una auténtica burocracia en torno a dicha institución. En su conferencia madrileña el líder dominicano aludió al caso, no infrecuente, de funcionarios norteamericanos que se instalan en los diferentes países del continente con objeto de “vigilar” los préstamos concedidos por los Bancos de U.S.A. Los gastos de estos funcionarios —desde el opulento automóvil a la casa, pasando por el sueldo regular y los viajes— corren a cargo de la Alianza; en otras palabras, se detraen de la suma total del préstamo.

Una solución de recambio: el Mercado Común

El presidente Johnson ha señalado a los restantes presidentes reunidos en Punta del Este la alternativa posible y deseable a la fracasada Alianza para el Progreso: El Mercado Común Latinoamericano. La idea del presidente norteamericano no es nueva. Intentos de agrupación económica y de cooperación más estrecha entre las diferentes naciones del continente se han venido produciendo desde hace decenios. Especialmente desde el final de la segunda guerra mundial y coincidiendo con el ensayo unionista europeo los gobiernos de Latinoamérica han trazado varios programas encaminados a hacer más estrechos los contactos económicos y sociales de los diferentes países que componen aquel hemisferio. Hoy por hoy existe ya un mercado común (que agrupa a los países de Centro América) y una zona de libre comercio que abarca a las naciones del sur del Continente.

La Declaración de Punta del Este, recién firmada, hace especial hincapié en los propósitos de integración continental, tácitamente considerados como la única solución a los complejos problemas de la zona. El capítulo primero de dicha declaración proclama lo siguiente: “La América Latina creará un Mercado Común. Los presidentes hispanoamericanos resuelven crear, de forma progresiva, a partir de 1970, el Mercado Común Latinoamericano que deberá estar en funcionamiento en un plazo no mayor de quince años. El Mercado Común se bastará en el perfeccionamiento y la convergencia progresiva de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y del Mercado Común Centroamericano. El presidente de los Estados Unidos declara su firme apoyo a esta prometedora iniciativa”. Washington promete un apoyo firme a la iniciativa del Mercado Común. Pero no dice en qué va a consistir dicho apoyo. No se señalan plazos detallados, ni ayudas concretas, ni se mencionan los órganos encargados de asegurar el contacto y la colaboración. Algunos comentaristas se muestran claramente pesimistas al respecto. Señalan que Estados Unidos no ofrece auténticas garantías de colaboración con el resto del continente, y recuerdan que del mismo modo que Johnson no consiguió del Congreso la cantidad de 1.500 millones de dólares para ayuda a Latinoamérica recientemente solicitada, pudiera ocurrir que una Administración republicana o el mismo presidente actual cambiara de opinión de aquí a 1970. La Declaración de Punta del Este es demasiado vaga y casi nadie se hace demasiadas ilusiones.

Bolivia no es Luxemburgo

El Capítulo Segundo de la Declaración de Punta del Este hace una referencia minuciosa a la problemática económica de base en el continente. Dice así: “La integración económica exige un vigoroso y sostenido esfuerzo para construir una red de transportes terrestres y mejorar todo tipo de comunicaciones que faciliten la circulación de bienes y personas a través del Continente”. Sobre el papel, el programa parece convincente. Incluso fácil. Las palabras son las mismas o muy parecidas a las utilizadas en otro gran texto jurídico contemporáneo: el tratado de Roma del 25 de marzo de 1957. Pero sería inútil buscar cualquier otro parecido. Los esfuerzos de integración económica en Europa se realizan sobre unas dimensiones que plantean problemas. De Sicilia a Hamburgo hay menos distancia que entre algunas ciudades de Chile o entre la Patagonia argentina y São Paulo. Europa, además, está cruzada por una red de comunicaciones que en Latinoamérica no existe o existe de una forma embrionaria. Bolivia, por ejemplo, carece de un trazado completo de carreteras. El camino de mulas sustituye la vía asfaltada. Tampoco hay aeropuertos en número suficiente. En Brasil es forzoso utilizar el curso de algunos ríos ante la falta de cualquier otro medio de penetración en la jungla. A estas dificultades iniciales habría que añadir otras de corte estrictamente económico.

En primer lugar la diversidad entre los distintos desarrollos nacionales. En el continente hay países que viven de uno o dos productos naturales (Bolivia, de sus minas de estaño) y otros con una economía considerablemente diversificada (por ejemplo, Argentina). A la luz de los puros principios económicos, es difícil encontrar puntos de contacto entre Brasil, que vive de sus exportaciones de café y tabaco, y Venezuela, para la que el petróleo representa el 92 por ciento de sus ingresos presupuestarios. O entre Chile, que vive bajo la égida de las compañías americanas que explotan el estaño, y Panamá, ahogado por su propio canal y las pretensiones norteamericanas. El verdadero denominador común de estas naciones es de naturaleza bien distinta: la dependencia económica con relación al norte. En ocasiones les ayuda a unirse en fervorosas declaraciones de fe bajo la sombra de Bolívar; y en otras, a rendirse, por separado, ante las pretensiones del coloso del Norte. Ninguna de las actuales economías latinoamericanas es imaginable sin el concurso del capital y de las empresas estadounidenses. Pero ninguna de ellas puede, razonablemente, aspirar a un futuro de prosperidad si el “statu quo” vigente se mantiene de modo indefinido.

A las dificultades económicas estructurales habría que añadir también otras de tipo monetario. Es preciso tener en cuenta que el área que se pretende unir encierra países con monedas más fuertes que el dólar americano (Venezuela con su bolívar) y otras con monedas que ni siquiera se cotizan en el mercado internacional (Haití) o están sometidas a un proceso constante de desvalorización (Haití).

El pesimismo oficial, en relación con esta reunión de Punta del Este, lo ha resumido, de modo escueto y sincero, el presidente de la República del Ecuador, Otto Arosemena. El presidente ecuatoriano se ha negado a firmar la declaración final y ha pronunciado unas palabras que pueden llegar a ser históricas: “No considero lesivo a los intereses de mi pueblo lo que este documento contiene, sino que lo considero lamentablemente incompleto. Estamos aquí para acciones y no para palabras. Esta declaración debería estar llena de previsiones y de acuerdos con una realización inmediata; con designios que se hubiesen traducido en un desarrollo acelerado de la América Hispana. Nada de eso figura aquí. Con el mayor respeto y acatamiento a las opiniones de los ilustres jefes de Estado que integran esta Asamblea y dentro del espíritu democrático del debate de las ideas, debo expresar que el documento no corresponde a las principales, a las ineludibles, a las angustiosas demandas de nuestros pueblos. Si yo estampase mi firma ahí podría estimarse con razón que estaba conforme con lo que ahí se estipula. Y nada más incierto que eso. No se vea en mi decisión prurito alguno de romper con la unidad americana, sino simplemente hacer un legítimo uso de esa gran virtud de la democracia que nos permite disentir de la opinión ajena sin quebrar, por ello, la entrañable solidaridad que nos agrupa”.

Tomado de la Revista Nuestro Tiempo.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.