El 244, el 192 y el 187 al pie del cañón

En los últimos meses se ha popularizado la frase que hace referencia al “Cañón de los Decretos”. Se trata de hacer una analogía entre los Decretos que recientemente han producido considerable agitación en la población, entre el modo de emitirlos y el impacto que han causado, y el arte bélico de la artillería. La intención de la frase es clara: se sugiere que hay condiciones similares a las de un estado de guerra (uso de la artillería); y que sucede lo que ocurre corrientemente en los cañoneos: que no todos los proyectiles caen donde deben, que algunos afectan a víctimas inocentes, y que el impacto viene de improviso. De hecho, al hablar de cañonazos, casi todos preferiríamos que no los hubiera en absoluto, y si los hubiere, que sería muy deseable que el artillero apuntara hacia otro lado, pero no hacia donde uno está. Esta comparación da pie a las mismas preguntas que la gente pacífica se ha hecho desde tiempos inmemoriales, y que vienen bien también en el caso de los célebres Decretos: primero, siempre hay duda sobre la necesidad de que exista el cañón, y luego, suponiendo que lo haya, parecería muy deseable que la decisión de usarlo, de apuntarlo y de dispararlo estuviera en manos de gente muy experta y responsable, porque son aparatos mortíferos. Todos los chistes contemporáneos sobre los botones para disparar cohetes nucleares que, se supone, existen en los respectivos escritorios de Lyndon Johnson, Breznev (quizá Kosygin también tenga uno), Harold Wilson y De Gaulle, giran alrededor del mismo dilema. (No mencionamos a Mao, porque asumimos que en caso de tener un cohete para disparar, no lo haría por medio de un botón, sino que se daría el gusto de hacerlo personalmente).

En otras palabras, la cuestión gira alrededor de libertad y responsabilidad. No tiene sentido tener el poder, tener el “cañón”, si no se hace uso de él cuando haga falta, y para decidir ese cuándo, hay que hacer uso de la libertad de decisión. Pero esa libertad de decisión tiene que estar ponderada por la responsabilidad.

Por ejemplo, los venezolanos tenemos libertad de hacer muchas cosas (o no hacerlas) dentro del marco de las leyes. Pero la libertad va aparejada con la responsabilidad. Los niños pequeños se mantienen bajo tutela y vigilancia de sus padres, porque su libertad no va acompañada de responsabilidad. Pero a medida que su responsabilidad aumenta con la edad y el saber, van haciéndose más libres, quedan menos y menos sujetos a la supervisión y al control de otros fuera de lo aplicable a todos los demás ciudadanos.

Y ¿en qué consiste esa responsabilidad? Como lo dice la palabra, en poder responder, en poder hacer frente a las consecuencias de los actos, en poderlos justificar. Y ¿a quién se le debe esa responsabilidad? A quien puede exigir que se le rinda cuenta, o sea a quien ha otorgado el uso de la libertad.

[Ilustración: torres y tanques de una refinería petrolera]

También es evidente que para que haya responsabilidad tiene que haber previa deliberación, estudio, análisis, previsión. No se actúa con responsabilidad si no se ha hecho todo lo razonable para pesar las consecuencias del acto. No se puede pretender responsabilidad si se ignoran las consecuencias, y menos todavía si se hace caso omiso de ellas.

Y no es suficiente excusa que el acto esté encuadrado dentro de la ley y que quien lo realice tenga poder para ello. Puede ser perfectamente legal, y ser totalmente irresponsable al mismo tiempo. Al tocarnos el paso preferente en una esquina por la derecha, no por eso vamos a embestir a un vehículo que va cruzando cuando podemos frenar y evitar unas consecuencias que estarían fuera de toda proporción con el pequeño sacrificio de no hacer uso de nuestro derecho a rajatabla.

Habíamos dicho que ordinariamente la libertad aumentaba al perfeccionarse la responsabilidad. Pero la responsabilidad también se hace mayor cuando aumenta el poder de quien actúa. Al ampliarse y multiplicarse las consecuencias del acto, la responsabilidad correspondiente tiene que mantenerse en proporción. Por eso, los gobiernos, enfrentados a grandes responsabilidades en vista de las grandes consecuencias de sus actos, disponen usualmente de los recursos necesarios para que sus técnicos, sus consejeros, sus asesores, analicen las consecuencias de los actos gubernamentales y determinen si realmente el gobierno puede hacerse responsable de lo que intenta hacer.

Y no basta con decir, acompañado de gestos apropiados: ¡Sí señor, yo soy un hombre y me hago responsable! La hombría poco tiene que ver, si no se puede responder en forma efectiva y real ante las consecuencias, ya sea con una justificación suficiente, o por medio de la reparación de los daños causados. Si el artillero dispara el cañón, sólo hay dos posibilidades: o se justifica, porque hay guerra, o no se justifica (porque se le fue el tiro) y entonces hay que indemnizar.

Se preguntarán los lectores: ¿vale tanta filosofía ante los últimos Decretos? Creemos que sí, porque hay muchos que se preguntan si el gobierno sabía adónde estaba apuntando, y si lo sabía, si dirigió el cañón en esa dirección o disparó en otra.

El 187 —darle mercado a la CVP, si no es por las buenas, entonces por las malas; el 192 —las tierras baldías… y no se reconocen bienhechurías hechas después de marzo de 1959; el 244 —se encarecen artículos básicos—. Y vemos que se impugna la base legal del 187, porque usa un estado de excepción (suspensión de una garantía constitucional) para implantar un régimen permanente; y se impugna la base legal del 192, porque las bienhechurías sí deben ser reconocidas; y vemos que el gobierno no había previsto las consecuencias del 244 y tuvo que llamar a sus ministros para que informaran, a posteriori, cuáles iban a ser los resultados de la medida. Cuando hay la cuestión legal, los tribunales la resolverán, pero aunque sostengan la posición del gobierno, no por eso queda justificada la medida. Tan sólo se afirmaría que queda encuadrada dentro del marco constitucional y legal, pero quedaría pendiente la cuestión de la responsabilidad, ¿quién responde de las consecuencias de medidas que encauzan fondos públicos hacia el negocio petrolero cuando lo que necesitamos es diversificación? ¿Quién responde de las consecuencias de decir primero que la CVP operaría como cualquier otra empresa, y que luego veamos el chorro de millones y el poder de los Decretos sosteniendo una “sentida aspiración del pueblo venezolano”, pero una que viene muy atrás de otras muchas aspiraciones del pueblo venezolano, mucho más sentidas todavía y no suficientemente atendidas? ¿Quién responde de las consecuencias de decirle a los productores rurales que el techo de su casa no es de ellos? ¿Y quién había planeado de antemano, con responsabilidad, las acciones necesarias para que el 244 no tuviera las lamentables consecuencias de alzas de precios y desconcierto general que parece haber tenido? Pero no abandonemos el tema sin mencionar la responsabilidad de los que critican (o criticamos). Recurren a los tribunales. Son libres de hacerlo. Demuestran su responsabilidad trayendo argumentos y afrontando los gastos y los inconvenientes. ¿Se les podría tildar de irresponsables si los tribunales no los favorecen? No. Habrían ayudado a eliminar una duda real sobre la legalidad de las medidas. ¿Y si ganaran? Habrían hecho un bien evitando un acto ilegal. ¿Y qué más hacen? Escriben en la prensa, hablan por radio y televisión. ¿Libertad? La tienen. ¿Responsabilidad? Necesariamente, porque si no la tienen, y no tienen argumentos en apoyo de su tesis, harían el ridículo. ¿Causan perjuicio? No, porque los que critican no tienen el poder ejecutivo; ellos no pueden imponer su criterio por medio de la fuerza pública. Sólo pueden tratar de convencer, y cada uno de los que se dejen convencer, carga con su propia responsabilidad por haberse dejado convencer.

Y cada uno de los convencidos: a usar los medios democráticos legales para hacer valer sus derechos y para demostrar por sus propios actos que no hay libertad sin responsabilidad.

oscar hernández

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.