Mirando hacia el Constituyente del 1811…

Los antecedentes lejanos del sistema parlamentario hay que buscarlos, a partir de la baja Edad Media, en la incorporación del estado llano —de los representantes de la burguesía urbana— a la Curia Regia, formada hasta entonces únicamente por el Rey, la nobleza y los eclesiásticos de alta jerarquía. Es este fenómeno general en los países del occidente de Europa, que se inicia en los Reinos Cristianos de la Península Ibérica con las Cortes o Corts (León, hacia 1188; Castilla a fines del siglo XII o comienzos del XIII; Cataluña en 1218; Aragón en 1274) y en otros países con la primera Dieta alemana (1232), el Parlamento Británico (1265), los Estados Generales Franceses (1302)… A través de todas estas instituciones, la burguesía inicia su ascenso como grupo social; ascenso que habrá de verse pronto refrenado con la derrota de los Comuneros; pero que se expandirá en Inglaterra —aunque sin desplazar del todo a la nobleza— y que culminará en Francia con el célebre Juramento del Juego de Pelota, en los albores de la Revolución.

En Venezuela, durante el período colonial, no hubo ni podía haber nada parecido a las Cortes. Esto no implica, sin embargo, que no existiera una tradición deliberativa, a escala municipal, centrada en los Cabildos. Y aun cuando no debe exagerarse su importancia, bueno es recordar que en ciertas ocasiones (como sucedió a fines del siglo XVI) varios Cabildos de la Provincia de Venezuela reunieron sus esfuerzos para enviar ante el Rey a un diputado que le expusiera sus necesidades y sus anhelos.

En todo caso, cuando a los pocos meses de haber triunfado en Caracas la Revolución de Abril de 1810 la Junta Suprema de la capital convoca a elecciones para la formación de una “Junta General de Diputación de las Provincias de Venezuela”, mejor que las antiguas Cortes de Castilla, Aragón o Cataluña se tiene en mente a otros modelos recientes de carácter más radical: el Congreso Continental que había forjado la Independencia de los Estados Unidos en 1775, y las Asambleas revolucionarias francesas que a partir de 1789, de un modo gradual, habían impuesto frente a la voluntad del monarca la de la Nación. Verificadas las elecciones de las provincias de la antigua Capitanía General de Venezuela que —“siguiendo el ejemplo que Caracas dio”— se habían negado a reconocer la autoridad de la Regencia española, pronto acudieron a la capital los diputados de Mérida, Trujillo, Barinas, Barcelona, Margarita y Cumaná, que, unidos a los de la propia Provincia de Caracas, desecharon sin vacilar la ficción jurídica de la conservación de los derechos del Rey cautivo, y adoptaron el título de “Supremo Congreso de Venezuela”, representante y depositario de la Soberanía del Pueblo en el naciente Estado. Así, al prestar juramento en forma solemne, los diputados reunidos en la casa del Conde de Javier —poco más tarde, la asamblea se trasladó a la capilla del Seminario— se refirieron a su independencia hacia las autoridades que entonces gobernaban la Península, y afirmaron que la representación de las Provincias de Venezuela residía en “El Congreso General”.

En aquella Asamblea hallábanse realmente representados los principales estamentos de la Sociedad Colonial: hacendados-agricultores, como el margariteño Manuel Plácido Maneiro, el Diputado por Valencia, Fernando de Peñalver, o Juan Pablo Briceño Pacheco, de Trujillo. La antigua nobleza, los llamados “mantuanos”, como los hermanos Rodríguez del Toro, Martín Tovar Ponte, Francisco Javier Ustáriz, Lino de Clemente, Francisco Javier Mayz, Gabriel de Ponte y Mijares, que por lo común son hacendados. Comerciantes como Isidoro Antonio López Méndez, o como el ya citado Tovar Ponte que por esos años tiene establecida una sociedad con los hermanos británicos Semple. Militares que pueden pertenecer a la clase de los mantuanos, cual sucede con Fernando y Francisco Rodríguez del Toro, o ser simplemente oficiales de carrera como Nicolás de Castro y José de Sata y Bussy. El clero, de acuerdo con la importancia de la Iglesia en la Sociedad Venezolana, tiene en el Congreso una nutrida representación: el canónigo de Mérida y Diputado de Obispos Luis Ignacio Mendoza, el Diputado por Guanare José Vicente Unda, el de La Grita Manuel Vicente de Maya, y los Presbíteros Méndez, Fernández Peña, Cazorla, Delgado, Díaz Argote y Quintana.

Los letrados y profesionales del Derecho ocupan asimismo un lugar distinguido: vénse ahí hombres como Roscio, Yanes, Paúl, Cova, “El Diablo” Briceño y Rodríguez Domínguez, entre otros. Puesto aparte ocupa Manuel Palacio Fajardo, abogado y médico de renombre; la segunda de estas profesiones está bien representada por Diputados tales como Alamo y Cabrera. A juzgar por el perfil que de su rostro nos dejó Juan Lovera, bien puede decirse que el Diputado por Ospino, Gabriel Pérez de Pagola, fue un auténtico representante de la sufrida clase de los pardos, esos hombres a quienes la fermentación ideológica y posterior lucha armada del período emancipador les abrió el camino para satisfacer las legítimas aspiraciones de mejora económico-social que la estructura de la Sociedad Colonial había reprimido por tanto tiempo. Alfredo Boulton, al analizar el sugestivo medallón que forman en el cuadro de Lovera los hermanados perfiles del pardo Pérez de Pagola y del mantuano Marqués del Toro, ha hecho penetrantes observaciones sobre la fusión de las diversas clases sociales por ellos representadas, cuya síntesis vendrá a realizarse en el gran crisol de las guerras emancipadoras. Y junto a los eclesiásticos y los comerciantes, los letrados y los mantuanos, los hacendados y los militares, he aquí un hombre ilustre por muchos conceptos, cuya recia personalidad rompe cualesquiera moldes en donde se pudiere pretender encasillarlo, un hombre que por su espíritu ilustrado, su amplia visión continental, su vocación de libertad y su fervor nacionalista, es símbolo y foco de la Revolución en su etapa inicial: el Precursor Francisco de Miranda. Sí, realmente, fue aquel Congreso del año once una asamblea de notables, digna de la coyuntura histórica que vivió entonces Venezuela.

Uno de los primeros actos del Congreso, que muestra de un modo patente la voluntad de llegar hasta la total Independencia, fue —aparte de la fórmula del Juramento antes citada— el nombramiento, efectuado el 28 de marzo, de un triunvirato encargado de regir los destinos de la nación en vías de constituirse. Cristóbal Mendoza, letrado y jurista; Juan de Escalona, militar; Baltasar Padrón, funcionario de la Hacienda Pública, se turnaron semanalmente a la cabeza del Poder Ejecutivo plural así formado. Y cuando se proclamó, en julio, la Independencia absoluta, presidía Mendoza aquel Cuerpo, por lo cual ha sido reconocido, con entera justicia, como el Primer Presidente de Venezuela.

En realidad, los dos actos más notables del Congreso, que le aseguran lugar permanente en los anales de Venezuela, son la Proclamación de la Independencia y la elaboración de la Primera Constituyente Nacional.

En la sesión del 3 de julio —cuyo resumen puede leerse en El Publicista de Venezuela, órgano oficial del Congreso que redactaba entonces el Secretario del Cuerpo, Francisco Isnardi— el médico José Luis Cabrera, diputado por Guanarito, había planteado claramente la conveniencia de proclamar la Independencia de Venezuela. Mientras en el curso de esa misma sesión y la del día siguiente muchos de los diputados toman la palabra para intervenir en el trascendental debate así abierto, se exaltan cada vez más los ánimos caldeados de los jóvenes radicales reunidos en la Sociedad Patriótica, en cuyos salones Simón Bolívar lanza su pregunta: —“Trescientos años de calma, ¿no bastan?”—. En el Congreso sube también la tensión, a medida que más y más diputados —Miranda, Roscio, Peñalver, Palacio Fajardo, Tovar, Mayz, Alamo, Unda, Maneiro, Sata, Pérez de Pagola, los Toro, los Briceño…— presentan sus razones favorables a la Independencia y rebaten las dudas y vacilaciones de quienes, como Maya, consideran al Congreso sin facultad para declararla, o bien, como Méndez, creen que no ha llegado aún el momento oportuno. Finalmente, agotados los argumentos en pro y en contra, triunfa por aplastante mayoría la tesis de los partidarios de la Independencia, el 5 de Julio de 1811. Y según relata sobriamente el acta de esa célebre sesión, le correspondió al Licenciado Juan Antonio Rodríguez Domínguez, quien ejercía entonces la Presidencia del Cuerpo, anunciar “declarada solemnemente la Independencia absoluta de Venezuela; cuyo anuncio fue seguido de vivas y aclamaciones del Pueblo, espectador tranquilo y respetuoso de esa augusta y memorable controversia”. Encomendada la redacción de la Declaración al Dr. Juan Germán Roscio, Diputado por Calabozo, y al Secretario del Congreso, Francisco Isnardi, fue aprobada por la Cámara el día 8, firmada por 41 Diputados y el Secretario; según se sabe hasta hoy, y presentada luego al Poder Ejecutivo para su promulgación, la cual se llevó a cabo por bando, a tambor batiente, el 14, mientras ondeaba al viento de julio la bandera tricolor de las siete estrellas, símbolo de las “Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación de Venezuela en el Continente meridional”. Así decía la Declaración, que el pregonero leía con voz alta, teñida de emoción patriótica, parado en alguna céntrica esquina de la ciudad: “Nosotros, los Representantes de las Provincias Unidas de Venezuela, poniendo por testigo al Ser Supremo… implorando sus divinos y celestiales auxilios… a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso Pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus Provincias Unidas, son, y deben ser de hoy más de hecho y de derecho, Estados Libres, Soberanos e Independientes, y que están absueltos de toda sumisión y dependencia de la Corona de España…” Tres días antes, el 11 de julio esta Acta Fundamental se había publicado en el N.º 2 de El Publicista de Venezuela, órgano del Congreso, y había empezado a difundirse por las Provincias.

También había demostrado el Congreso, a poco de haber iniciado sus sesiones, la intención que animaba a la mayoría de sus miembros de llegar a la completa independencia política, al encomendar el 16 de marzo de 1811 a una Comisión de su seno la tarea de preparar un proyecto de Constitución. Y no contentos con ello, los Diputados mandaron publicar en la Gaceta de Caracas repetidos avisos, en mayo y junio de 1811, en los cuales se excitaba a los ciudadanos particulares que tuviesen formados proyectos de Constitución a presentarlos ante el Congreso a fin de que, decían, “todos contribuyan con sus luces y conocimientos al acierto de un asunto tan importante”. Como es sabido, fue finalmente el proyecto elaborado por la Comisión del Cuerpo Legislativo el que resultó aprobado, como Constitución Federal de las Provincias Unidas de Venezuela, el 21 de diciembre de 1811, en vísperas de suspender sus sesiones el Congreso para reanudarlas en enero de 1812.

Muchas más fueron las disposiciones adoptadas por el Constituyente, desde su sesión inaugural, el 2 de marzo de 1811 en Caracas, hasta la clausura celebrada en Valencia el 6 de abril de 1812. Algunas de ellas fueron bien acogidas como el Decreto de creación de la Alta Corte de Justicia, el Decreto que establecía los Derechos del Pueblo, la primera Ley de Prensa republicana, o el Decreto que abolía la Inquisición. Otras dieron lugar a enconados debates y enardecieron los ánimos como el proyecto de división de la Provincia de Caracas, o la traslación del Congreso a la nueva Capital Federal, la ciudad de Valencia, en los primeros días de marzo de 1812. Otras disposiciones, en fin, suscitaron el descontento general, como el Decreto de emisión de papel moneda de agosto de 1811, y otro posterior, de octubre, que mandaba acuñar moneda de cobre y hacía obligatorio su recibo. Lo que se logró con estas medidas impolíticas fue que la moneda de buena ley desapareciese de la circulación, y que los billetes fuesen casi siempre rechazados, mientras aumentaba extraordinariamente el costo de la vida.

En resumen, aunque como todo ser humano los Diputados del Constituyente de 1811 estuvieron sujetos a la flaqueza y al error, junto a los aciertos y virtudes que tuvieron, siempre serán recordados porque poseyeron el valor cívico necesario para enfrentarse al reto esencial de su tiempo, y supieron dar un paso al frente para proclamar la Independencia y tratar de organizar sobre una base jurídica y legal a la Nueva Nación. Si no lograron esto último fue, más que por sus propias limitaciones, a causa de las circunstancias adversas que arrasaron —física y espiritualmente— con la Primera República. Aquellos hombres, que creían en el poder de la palabra, en la capacidad del razonamiento y que pensaban tal vez que bastaba con encender el faro de las nuevas ideas para que todos se rindiesen a la luz de sus verdades, nada pudieron contra los estremecimientos de la tierra ni contra las bayonetas de Monteverde. Olvidaron una verdad que Simón Bolívar se encargó de recordarles poco más tarde, en su manifiesto de Cartagena: “Es preciso que el Gobierno se identifique, por decirlo así, al carácter de las circunstancias, de los tiempos y de los hombres, que lo rodean. Si éstos son prósperos, y serenos, él debe ser dulce, y protector; pero si son calamitosos y turbulentos, él debe mostrarse terrible, y armarse de una firmeza igual a los peligros, sin atender a leyes, ni constituciones, ínterin no se restablecen la felicidad y la paz”.

Un buen número de los firmantes de la Declaratoria del Cinco de Julio murieron como mártires de la Libertad, en plena guerra. Otros alcanzaron a vivir lo bastante para prestar apreciables servicios a la Gran Colombia, o a la restaurada República de Venezuela después de 1830. Algunos se extinguen oscuramente. De otros, se pierde el rastro vital. Unos pocos parecen haber aceptado de nuevo el régimen español, con el cual colaboran, o a lo menos conviven. Eran, unos y otros hombres: y es infinita la gama de reacciones con que responde el ser humano a las exigencias que un día tras otro va planteando la vida. Pero el 5 de julio de 1811 sus perfiles se iluminan con vivísimo fulgor inmarcesible. Cualesquiera hubiera sido su origen y pudiese ser su final destino, sus nombres quedarían estampados para siempre al pie de la Declaración de Independencia.

Manuel Pérez Vila

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.