Los repitientes y el reglamento: conflicto

Historial de una crisis

El aumento de la población estudiantil universitaria es un hecho demasiado manifiesto, y demasiado comentado, como para que se precise recordarlo una vez más a nadie. En cualquier caso es el primer dato que hemos de tomar en cuenta al historiar brevemente la «última gran crisis de la Universidad Central»: el problema de los repitientes. Baste entonces, para ello, tener ante los ojos que el año 58 —año de la libertad—, se triplica en cifras absolutas la población universitaria del país.

Pero ¿fue positivo o negativo este violento aumento? ¿Ha resistido la Universidad el impacto? Preguntas como éstas son menos comentadas, y la conveniencia de planteárselas —sin ánimo de volver la historia atrás, el viejo vicio de toda mentalidad conservadora—, se capta bajo la presión de los hechos mismos: insuficiencia de plazas, necesidad de presupuesto, aumento incontrolado de los cuadros docentes, aparición de los repitientes…

Tomemos este último hecho: a vuelo de pájaro puede verse lo que significa para una institución cuyo fin es «la búsqueda de la verdad y el afianzamiento de los valores trascendentales del hombre» —como lo dice la Ley—, que, por ejemplo, en la Facultad de Derecho en determinadas oportunidades el número de repitientes haya superado el número de los nuevos inscritos en el primer año. Basta también consultar las Memorias de la UCV para observar el mínimo porcentaje de graduados respecto de la multitud de inscritos en el primer año de cualquier carrera. Es decir, que los hechos nos fuerzan a pensar así, en la Universidad ha entrado un enorme contingente humano poco preparado para la tarea Universitaria —el estudio. Y el resultado ha sido que… la Universidad, en un intento que sobrepasa con mucho su capacidad docente de llevar instrucción y cultura a todos… se ha deteriorado.

El instinto de conservación de la institución universitaria llevó a las autoridades a encararse con un problema que se hacía más y más crítico cada año. La respuesta del Consejo Universitario es de todos conocida: la promulgación de un reglamento impidiendo a los repitientes, dicho a grosso modo, la posibilidad de cursar estudios, por un lapso de cuatro años. El reglamento, en su art. 11, establece que su entrada en vigencia sería a partir del 1.º de marzo del 63, y… entonces comenzó lo bueno.

Todo estuvo en calma, ya con el reglamento dictado, hasta que se cumplieron dos semestres después de aquella fecha de marzo. De pronto se supo, porque hasta entonces el movimiento estudiantil no abordó en serio el problema —se habían limitado a algún comunicado que pasó desapercibido—, que en Ingeniería expulsarían a seiscientos: se aplicaba por primera vez el reglamento. Comenzó la agitación —esa es la palabra— dos se decretaron paros breves, luego una huelga indefinida, ¡en pleno mes de Junio del 64!, y tras quince días de huelga, ampliamente comentado por la prensa capitalina, se volvió a las clases sin que se hubiera eliminado, ni modificado el texto en cuestión. El Consejo Universitario prometió una revisión caso por caso de los alumnos «lesionados», y con ello abrió una puerta a los dirigentes estudiantiles para salir del callejón donde habían colocado la vida universitaria. ¿Saldo de la huelga? Crisis en todos los grupos estudiantiles, deterioro del calendario escolar, baja del prestigio de la Universidad, fortalecimiento de la autoridad del Consejo Universitario.

Nuevamente, todo retornó al silencio. Ahora, con motivo de la primera aplicación del reglamento en las Facultades que cursan por años, como Derecho, Economía, Humanidades, Medicina, etc., se ha vuelto a desatar una campaña tendiente a lograr la eliminación o modificación de la norma.

El reinicio de la gritería, por demás infructuosa, como se colige por las repetidas declaraciones del Rector Bianco, es buena ocasión para reexaminar algunos puntos de fondo en torno al problema. Comencemos, pues, punto por punto.

Una clave errada

En el planteamiento mismo de la «lucha contra el reglamento de repitientes», al igual que en aquella «contra el cupo de Medicina», se capta la presencia de una clave errada, que distorsiona el sentido mismo de tales luchas. En concreto: se hace responsable a la Universidad de no tener plazas, de no proporcionar educación a todo el que la solicita —en el caso del cupo—, o de intentar reducir el número de alumnos que tiene «so pretexto de mejorar el nivel docente». Es más, hasta se podría pensar que el establecer un cupo, o limitar en cualquier forma que no sea en base «a la vocación o aptitudes del individuo», es inconstitucional. En todo caso, es en esta falacia en lo que se ha apoyado el programa teórico —los móviles reales son otra cosa— de las luchas del movimiento estudiantil.

Pero ¿por qué es una falacia? Porque, si bien es cierto que el Estado en el propio texto de la Constitución se compromete a proporcionar educación, sin hacer reservas para la educación superior —«Todos tienen derecho a la educación»—, y sólo los límites derivados de la vocación o aptitudes de cada cual, si bien todo eso es cierto, no es menos cierto que el cumplimiento de tal obligación no recae exclusivamente —como es obvio— sobre la Universidad Central, institución, como todas, limitada materialmente. No es por tanto la Universidad culpable de que en sus aulas «no quepa más gente» —y haya que establecer un cupo—, como tampoco se le puede exigir que prodigue indefinidamente sus atenciones y servicios a quien no corresponde a ellos, después de varios intentos —y, por tanto, que no establezca un reglamento de repitientes—.

Es más: en el caso de los repitientes se puede argumentar en forma idéntica respecto de la responsabilidad del Estado.

¿Por qué el reglamento?

Pero ¿cuáles son —si es que las hay— las razones de fondo que justifican el «R.R.»? Responder a esta pregunta parece ser paso obligado del razonamiento para adoptar una postura clara ante el problema, y no esperar simplemente a ver «qué se dice» o, más vagamente aún, «qué pasa».

Al respecto hemos de considerar razones de diverso tipo: de legalidad formal, de justicia intrínseca, de conveniencia. Veámoslas, entonces, paso a paso.

En primer término, está claro que la ley de universidades confiere al Consejo Universitario poder establecer un reglamento como el considerado al presente. Dice el art. 105 de dicha ley: «Para seguir los cursos universitarios y obtener los grados, títulos o certificados de competencia que confiere la Universidad, los alumnos necesitan cumplir los requisitos que, sobre las condiciones de asistencia, exámenes, trabajos prácticos y demás materias, fíjen la presente Ley y los reglamentos». Si se pone en juego esta disposición con las atribuciones de carácter general conferidas por la Ley al Consejo Universitario, si se observa que éste tiene poder para reglamentar en materia de selección —aun cuando se establezca expresamente sólo respecto de los alumnos de primer año; si por último se considera que el reglamento establece una forma de selección «durante la carrera», selección que ciertamente calibra en alguna forma las aptitudes o el interés en seguir los cursos universitarios, se comprenderá claramente que la disposición está perfectamente ajustada al marco de competencias determinado por la Ley, y en concordancia con el texto positivo.

Bien, el reglamento es legal; pero ¿es justo? Al respecto se ha discutido mucho, matizando siempre los argumentos de tal manera que lo dramático de una situación concreta oculte los verdaderos datos del problema. ¿Cuáles son éstos? Pueden mencionarse varios, siendo el principal de ellos el de la limitación de los recursos del Estado frente a las tareas que ha de cumplir, y especialmente, el de la prioridad de ciertas tareas, como la de proporcionar a la mayoría de la población del país un nivel de vida ajustado al mínimo (por lo menos) de lo que se requiere para desarrollar una vida humana.

Tarea que ciertamente tiene prioridad respecto a la prestación de educación superior gratuita a personas que han fallado en dos oportunidades en las pruebas normales establecidas para la continuación del servicio. No creo que nadie, planteándose globalmente los problemas del país, pueda tachar de injusto el que se niegue el derecho a seguir cursando estudios gratuitos, en la misma Escuela, por cuatro años, al estudiante repitiente fracasado. Es más, la misma Ley contempla la posibilidad de establecer tarifas para tales personas, y razones de fondo similares a las expuestas mostrarían la justicia (ya no la conveniencia) de tales medidas.

Por último, ¿es conveniente el reglamento? Aun cuando todavía no se han calibrado los efectos del reglamento sobre el aumento del rendimiento en los estudios, todo parece indicar que, desde este punto de vista, es sumamente favorable. Si esto fuera cierto —y hay que esperar el testimonio de los hechos—, tal aumento en el rendimiento, ayudaría eficazmente a levantar el prestigio de la Institución, y, también, mejoraría la vida universitaria, concentrando de nuevo el esfuerzo de los estudiantes sobre el estudio.

Márgenes amplios

Desde otro punto de vista, tampoco es excesivamente estrecho el límite establecido por el reglamento. Ni quita toda posibilidad de realizar estudios universitarios. Tanto, que algunos lo han tachado de inoperante, en concreto, por dejar abierta la posibilidad de una migración interna de repitientes de Facultad a Facultad. Así, los expulsados de Derecho podrían ir a Humanidades, o a Farmacia, o a cualquier otro sitio, con lo cual no habríamos resuelto el problema de los repitientes, y, por añadidura, habríamos creado un sinfín de complicaciones. Sin embargo, esto puede corregirse exigiendo el examen de admisión correspondiente, salvándose a la vez la posibilidad de intentar cursar otra carrera, posibilidad favorable ciertamente.

A pesar de ser partidario del reglamento, como se desprende de la línea de la argumentación seguida, sí tengo que dejar en claro que esta medida sólo tiene sentido dentro de un programa de reforma progresiva de la universidad. Y así, si paralelamente no se intenta una revisión de los sistemas pedagógicos (cosa intentada en Ingeniería, experimentalmente ahora en Derecho), así como una revisión de los cuadros del personal docente, el sentido mismo de la disposición se pervertirá: se convertirá en un simple instrumento para «eliminar futura competencia», o’ en todo caso, dejará abierta la posibilidad de cometer muchas arbitrariedades.

El movimiento estudiantil: ¿crisis o mamadera de gallo?

La otra cara del problema es la actitud del «movimiento estudiantil». ¿Está en crisis la dirigencia? ¿Es todo una gran mamadera de gallo? Hasta ahora, la actitud de los estudiantes en la Universidad es claramente reaccionaria: no se ha dado un solo paso para contribuir al mejoramiento de la institución, y sí muchos en el sentido contrario. La labor del centro de Economía —en manos de las izquierdas—, que tienen tres años repitiendo como programa electoral un plan de trabajo idéntico no cumplido. La labor del centro de Arquitectura —en manos de los demócratas cristianos—, que formó gran algarabía en torno a la reforma de la facultad y se quedó en veremos. La actitud de la FCU ante cualquier problema: siempre lucha «contra», siempre paros, siempre gritos. La actitud del estudiantado en facultades donde se han realizado, por iniciativa de los Decanos, ensayos docentes, de desconfianza, de desinterés, de crítica, de poca cooperación. ¿No están todos estos hechos proclamando que nosotros los estudiantes nos estamos convirtiendo en el FACTOR MÁS REACCIONARIO de la Universidad?

Es éste un punto que preocupa. Y un punto que debe preocupar más aún a quienes tienen en sus manos la conducción del estudiantado, sobre todo, porque la «revolución-renovación-reforma» es la consigna de todos.

Rafael T. Caldera Pietri

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.