Presupuesto, cupo, calendario

U. C. V. ¿Crisis económica o crisis fundamental?

Muchos temas “peliagudos” se debaten siempre en nuestra universidad al terminar cada año escolar. Los logros y los fracasos se comentan animadamente, y menudean las promesas de mejoramiento, de reforma, de soluciones a las dificultades. El reglamento de repitientes, el cupo y la selección, los retardos e ineficiencias de la administración, los avances de la investigación a nivel universitario, el crecimiento vegetativo de la casa de estudios, y, sobre todo, el presupuesto.

Tal parece, de acuerdo con la manera como se plantea la llamada crisis económica de la U.C.V., que todos los puntos negativos de la vida universitaria dependen de la falta de medios económicos. Consecuencialmente, se podría llegar a creer que la institución universitaria es una especie de gran empresa montada sobre dinero, y que, si tuviera dinero, sería una excelente máquina bien aceitada, y funcionando a toda velocidad. No obstante, quizá haya algunos aspectos de nuestro centro estudiantil que no dependan tanto de sus posibilidades económicas como de su material humano y de su estructura básica. En las líneas siguientes se trata de fijar la atención en algunos puntos controvertidos de las dificultades por las que atraviesa la Universidad Central de Venezuela, con el propósito de hacer notar el íntimo encadenamiento de los factores que condicionan el desarrollo de la misma, y desentrañar, si fuese posible, las razones más hondas de la lentitud de ese desarrollo.

Planteamientos económicos

Antes de pasar a hablar de los problemas, veamos qué se dice sobre las razones de crisis. En primer lugar, el Rector Bianco, en 1964 declaró que la Universidad Central estaba en capacidad de producir un caudal de profesionales y técnicos en todas las ramas, de óptima calidad, solamente con obtener un presupuesto justo. Ahora, en 1966, declara que por falta de presupuesto, la Universidad se ve amenazada de permanecer cerrada hasta febrero, y después de aprobado el calendario, amenazada entonces de no abrir los primeros años. Se ha comentado, entre núcleos bien autorizados, que el “quid” de la cuestión es el siguiente: Cada año, la Universidad aumenta su caudal estudiantil en 5.000 nuevos alumnos. Al mismo tiempo, como no se libera de 5.000 egresados, se satura paulatinamente.

Cuando se opera el ingreso desmedido de estudiantes; es decir, entre los meses de agosto y septiembre, hay que hacer frente a un cúmulo de necesidades nuevas que nacen como consecuencia del crecimiento desproporcionado del alumnado. Esas necesidades nuevas sólo pueden ser cubiertas mediante un desembolso que, como el incremento de alumnos, resulta también desproporcionado. La solución, según el criterio de las autoridades universitarias, sería, de acuerdo con la interpretación que se les ha dado a sus palabras, retardar la entrada de los nuevos alumnos hasta febrero, mes en el que se tendría nuevo presupuesto. El nuevo presupuesto, aparte de representar un ingreso considerable en el momento preciso en el que se lo necesita, deberá ser, si se pide con insistencia, mayor que los anteriores presupuestos. También se ha pensado, en el caso de que no cambie el presupuesto, que se otorguen créditos adicionales, como los 14 millones del año pasado.

Pero, ¿y si el calendario no es modificado por el Consejo Universitario, como de hecho ocurrió? Entonces, se comenta, puede esperarse hasta febrero haciendo milagros con lo que quede del presupuesto anterior. Sí, pero descartando el hecho de que se necesita un genio de las finanzas para que “estire” el presupuesto de acuerdo con las necesidades del crecimiento vegetativo de los meses de agosto y septiembre —descartando eso—, ¿qué pasaría si el Estado no concede el presupuesto suficiente, o los créditos adicionales? ¿Llamamos a María? Entonces, responden las voces autorizadas, haremos algo muy parecido a llamarla: no abrir la inscripción de primer año en todas o algunas facultades, evitando la entrada de los nuevos contingentes estudiantiles.

Esta medida, por supuesto, plantea como resultados inmediatos un cúmulo tal de problemas que equivale casi a la agonía de la educación universitaria venezolana. En primer lugar, habría cinco mil personas que buscarían el ingreso a las otras universidades nacionales, las cuales, como están casi tan saturadas como la Central, tendrían que tomar medidas análogas: no abrir los primeros años, aplicar estrictas medidas de selección, aplicar instrumentos semejantes al reglamento de repitientes, etc. Resultado: Un amplio conglomerado de egresados de la educación media que no entrarían a la Universidad, o tendrían que salir de ella, y sin posibilidades reales de estudios.

Frente a este cuadro desolador, responde el Rector Bianco que si le dieran a las universidades un mayor presupuesto, todo se arreglaría. Esto es en parte cierto, pero sólo en parte.

El nuevo calendario

Entre todos los problemas que se vienen planteando, y que hasta ahora parecen de índole exclusivamente económica, hay uno sin conexión muy visible con los demás: el nuevo calendario. Sin embargo, es una de las claves que ayudan a comprender por qué la crisis universitaria no es económica, sino que está enraizada en los fundamentos mismos del sistema.

Tratemos de exponer la situación lo más esquemáticamente posible. En primer lugar, hay argumentos en contra del cambio de calendario: todos los países del hemisferio norte, tanto en América como en Europa y en el bloque soviético, tienen el calendario escolar de septiembre a julio, por eso, para poder efectuar intercambios estudiantiles, y viajes de becarios, es necesario seguir el ritmo que todo el hemisferio impone. Además, dos problemas prácticos se oponen al cambio: la costumbre inveterada, que es difícil romper, y la estructura general de la educación, que pediría un cambio de calendario desde el kindergarten hasta la educación media, pasando por la técnica y la primaria, que afectaría directamente a aproximadamente 700.000 personas, entre profesores y alumnos, y a toda la población venezolana de manera indirecta, pero no menos contundente.

Frente a éstos, aparecen argumentos en pro, mucho más fuertes y fundamentados. Todas las Universidades Nacionales tienen el calendario escolar de febrero a noviembre, y el que la Central lo tenga distinto, provoca innumerables dificultades para el traslado de una a otra universidad, y otros tantos fraudes, de personas que pasan de una universidad a otra ahorrándose seis meses en su carrera. Además, el calendario oficial venezolano, vigente para todas las dependencias públicas, y también para las empresas privadas, va de enero a diciembre, lo cual sería altamente beneficioso para la U.C.V. en cuanto a presupuesto, si el calendario fuese de febrero a noviembre. Dicen, por otra parte, los defensores del cambio de calendario, que las vacaciones de Navidad, que restan prácticamente un mes al año escolar, están ubicadas de tal manera que precisamente cuando el alumno, en los meses de octubre y noviembre, estaba tomando el ritmo de estudios, y familiarizándose con sus materias, se marcha, “enfriándose” de nuevo. Pero dos son los argumentos fundamentales que esgrimen los sostenedores del cambio de calendario. Esos son además, los dos argumentos que motivan, en cierto sentido, estas líneas.

Primeramente, dicen los defensores del cambio, la experiencia académica de otros países, señala que se necesitan de 30 a 32 semanas para impartir los conocimientos contenidos en los programas normales. En la U.C.V., dada la estructura educativa, es imposible lograr las 32 semanas sin un cambio de calendario. ¿Por qué? Porque un conjunto de factores lo impiden. Entre otros, son éstos: De octubre a noviembre: ajuste de las clases; en diciembre: vacaciones de navidad, en enero: prolongación de las vacaciones de navidad y período de primeros exámenes parciales, en el que prácticamente no se imparten clases; en febrero: vacaciones de carnaval —oficialmente tres días; extraoficialmente, una semana—; en marzo o abril: vacaciones de Semana Santa; en mayo: elecciones universitarias —oficialmente, dos días; extraoficialmente, entre campaña, elecciones y escrutinios—: dos semanas; en junio: exámenes parciales y vacaciones para estudio. El total es de aproximadamente 17 semanas. En esas 17 semanas pueden pasar varias cosas: si en el año no ha habido demasiados paros y huelgas, y demasiadas fiestas nacionales entre semana, se completan los programas más cortos; pero si ha sido un año de los llamados “agitados”, entonces se imparte aproximadamente la quinta parte de cada programa.

El segundo argumento es el siguiente: si hubiera cambio de calendario, y no se diera el cambio correspondiente a la educación media, quedaría un lapso, entre julio y febrero, que podría emplearse en dictar una serie de cursos propedeúticos que formaran perfecto puente entre el bachillerato y la Universidad.

La selección

El panorama es, pues, desalentador. Cuál sea la solución es algo que no toca decidirlo a nadie en particular; pero en lo que todos deben prestar su colaboración. Sin embargo, contando con la buena voluntad de todos, no puede hacerse nada, si no media un plan adecuado de reforma administrativa y académica, y un plan consciente y progresista de selección estudiantil. El ejemplo lo dan tres países totalmente disímiles en otros campos: Inglaterra, la Unión Soviética y la China comunista. En todos ellos se prevén las necesidades del Estado, la capacidad máxima de la Universidad, y, sobre todo, la aptitud del alumno, y entonces, mediando un riguroso examen, se aplica una estricta selección, que en ninguno de los tres países tiene nada de aristocratizante. El asistir a la Universidad no es un derecho de toda la colectividad, sino un acceso otorgado por el cuerpo social a los individuos que pueden, por un lado, realizarse más completamente a través de una educación superior, y, por otro, prestar mayores servicios a la colectividad.

Y no es la selección estudiantil una necesidad que vaya a plantearse dentro de un tiempo más o menos largo, sino que la tenemos sobre nosotros desde hace mucho tiempo. La Universidad crece, vegetativamente, a razón del 12 por ciento anual. Las posibilidades docentes y administrativas crecen aproximadamente a razón del 0,02 por ciento anual, y por si fuera poco, se notan síntomas de estancamiento en ese 0,02 por ciento, mientras que el 12 por ciento muestra la tendencia, para los años venideros, a subir al 15 por ciento hasta al 17 por ciento si sigue el mismo ritmo de incremento en la educación media. Además, están a punto de alcanzarse los límites máximos de crecimiento vegetativo, después de lo cual no habrá suficientes profesores ni personal administrativo, ni bibliotecas, sino que ni siquiera habrá espacio para el tránsito de alumnos peatones por los pasillos. Si todavía hay alguien que conociendo esto tilde de “aristocratizante” toda medida de selección, entonces no respondemos, sino que esperaremos a que se asfixie cuando no quede ni aire respirable en el recinto universitario.

Y en cuanto a las medidas de reforma, reconocemos que en gran parte dependen del presupuesto adecuado. Pero tampoco dejamos de señalar lo que ha sido el motivo de estas páginas: la necesidad de tomar conciencia de que el auténtico factor que condiciona toda la crisis universitaria, no es la falta de un número determinado de millones de bolívares, sino la carencia de una estructura estudiantil y académica que responda, en primer lugar a la necesidad de realización plena del hombre profesional venezolano, y, en segundo lugar, a la necesidad de la nación de contar con una institución que le proporcione el material humano, técnico, científico e intelectual de que precisa para su integral desarrollo económico y espiritual.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.