Sobre la libertad de enseñanza

Ante el Proyecto de Ley de Educación que, en forma tan violenta, introdujera el Presidente de Acción Democrática al Congreso, se ocurren un conjunto amplio de preguntas, objeciones, sugerencias. Pero hay algunos aspectos de fondo que no conviene que se pierdan de vista por un excesivo fijarse en detalles. Y es en uno de estos aspectos en el que quiero centrar estas breves reflexiones: el de la libertad de enseñanza.

Quien pretenda enfrentarse a este tema, sin embargo, no puede ni debe ignorar que, como tal, no resulta una novedad para nadie. Y así, no sólo que corre el peligro de que su lector lo abandone en el primer párrafo, al ver aparecer la frase, sino —lo que sería peor— que el lector decida acompañarlo hasta el fin, pero completamente prejuiciado: él ya ha estudiado más o menos el tema, y ya tiene su criterio formado; no necesita, pues, ideas nuevas, y, si lee el artículo, lo hace por el placer de polemizar interiormente con quien escribe, o, más aún, por el de poder criticar un rato.

En cualquier caso, ponernos, como lectores, en guardia contra nuestros propios prejuicios, o ponernos, como articulistas, en la actitud prevenida de quien sabe que ara un campo sembrado, puede ser, para ambos, una buena actitud inicial si de veras queremos reflexionar juntos y en actitud constructiva sobre la libertad de enseñanza a la luz del Proyecto de Ley de Educación.

Comencemos por situarnos en perspectiva.

Las raíces en la ley suprema

En la Constitución Nacional —ley suprema— y, en concreto, en el artículo 79, Capítulo IV, Título III, se dice:

“Toda persona natural o jurídica podrá dedicarse libremente a las ciencias o las artes y, previa demostración de su capacidad, fundar cátedras y establecimientos educativos bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado.”

“El Estado estimulará y protegerá la educación privada que se imparta de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en las leyes.”

Pues bien, en este artículo, sin duda hermoso para quien tenga el paladar acostumbrado, se establece como derecho la así llamada libertad de enseñanza.

Debemos observar, ya desde el primer momento, que este derecho no es sino uno de los muy varios que establece la Constitución en este Título III. Y también que es típico de este Título el establecer —mejor: reconocer, como en seguida veremos— el derecho y luego enunciar las eventuales reglamentaciones legales a su ejercicio. Es decir, la estructura es: derecho-reglamentación, y no al revés.

Nuestra Constitución, sin embargo, va más lejos, y fijémonos en el artículo 50, del mismo Título, Capítulo I:

“La enunciación de los derechos y garantías contenida en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren en ella.”

“La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos.”

Perdonen que me detenga un poco, pero este artículo merece meditarse por todo aquel que se sienta ciudadano. Por lo pronto, habla de enunciación de derechos, y añade que la falta de ley reglamentaria no menoscaba el ejercicio de derechos no mencionados en la Constitución, o mencionados pero sin reglamentar. Es decir, el Título III de la ley suprema pretende garantizar un ámbito humano a la persona y no definir su existencia. Completando ahora el esquema de la estructura que colocamos arriba, podemos indicarla así: persona-derecho-reglamentación, no siendo la reglamentación más que una ayuda, una canalización del ejercicio de los derechos, para que efectivamente se logre el bien común, sin olvidar que la primera exigencia del bien común es el reconocimiento del hombre en su dignidad de ser humano, y quien dice humano dice racional, libre, responsable.

La expresión, por último, para terminar esta perspectiva y ceñirnos más al proyecto de ley de educación, “bajo la suprema inspección y vigilancia del Estado” debe entenderse a la luz del criterio arriba señalado. Es más, en casos concretos se lo ha entendido así —el legislado se conforma con el Legislador—, aparte de que no es sino la expresión habitual con la que se expresan las situaciones del Poder Público en términos generales.

La reglamentación educativa: ¿una incongruencia?

Si, como hemos visto, la estructura del Título III de la Constitución es persona-derecho-reglamentación, tal estructura, para ser consecuentes, debe traducirse en la práctica. Y así es. Basta revisar las leyes e ir constatando. ¿Tengo derecho a trasladarme a diversos sitios en el país? Sí. ¿Qué limitaciones hay? Algunas, por ejemplo, de orden sanitario: casos de cuarentenas. No se me exige, en cambio, que —si soy padre de familia— lleve en mis viajes a todos mis hijos y una cargadora, o que vaya en autobús. ¿Tengo derecho a cazar o pescar? Sí. Y tengo también límites: épocas de veda, cotos, determinados instrumentos excluidos —pesca con dinamita—. Pero no se me impone utilizar perdigones, ni llevar anteojos de sol, ni apuntar cerrando un ojo, aunque las tres cosas puedan ser útiles, ni mucho menos se me da el catálogo de carnadas —en el caso de la pesca— para que escoja sólo una de aquéllas.

¿A qué viene todo esto? Simplemente, intentaba mostrar plásticamente la estructura del sistema, para que ustedes puedan captar mejor la incongruencia que supone el Proyecto de Ley de Educación.

En concreto, en el caso de la educación es al revés: la reglamentación legal y sus complementos administrativos es el régimen ordinario, siendo la libertad, en sentido amplio, excepcional o extraordinaria. Me explico: en el Proyecto de Ley de Educación se define lo que es ésta, se contemplan sus modalidades y se organiza su realización. Se reduce entonces la libertad al mínimo: o educar como se indica, o no educar, mientras la constitución exige tan sólo ajustarse a los principios contenidos en ella misma o en las leyes.

Y, consecuencia lógica, la actividad del Estado que, en estas materias, ha de ser subsidiaria —y es corolario de la estructura del mismo Título III de la Constitución— pasa a ser principal, quedando la “educación privada” como supletoria, marginal, especial.

Lo que he dicho requiere perfilarse. Aclaremos entonces que cuando digo subsidiaria no me refiero al volumen —mensuración cuantitativa de la actividad estatal—, sino a su naturaleza y, por tanto, a las condiciones de su ejercicio. En concreto, por las circunstancias de nuestro país, es lógico pensar que el mayor número de escuelas, del tipo que sean, será —por mucho tiempo— de carácter oficial o público. Pero esto no quiere decir que no pueda y deba —si queremos ser congruentes con los principios constitucionales— ser considerada como subsidiaria, lo que conduciría, por ejemplo, a no obligar a las escuelas privadas a seguir el régimen de las oficiales (régimen que está detallado al máximo), aun cuando —como es lógico— se les exija cumplan determinados requisitos mínimos para reconocer la validez de los estudios.

Una segunda aclaración que se impone es la siguiente: esta incongruencia no se da sólo entre el Proyecto de Ley y los principios constitucionales, sino entre la actual ley y sus reglamentos respecto de esos principios. Tal situación es herencia de la actitud y reglamentación napoleónica de la educación: por una de esas paradojas de la historia, el Estado liberal-burgués de la Revolución Francesa se convirtió en el Estado educador-monopolista bajo las abejas imperiales del corso. Y nosotros heredamos el estilo, a través de nuestros dictadores afrancesados del siglo pasado. Cabe, sin embargo, puestos a cambiar las leyes, una política legislativa diferente: que, en lugar de perpetuar —o agravar, como en el caso del presente Proyecto— una situación negativa, si afirmativos son los principios constitucionales, intentemos conformarnos cada vez más a las nuevas pautas.

De hecho, en la reglamentación al artículo 65 —libertad de cultos, que está sometida a la “suprema inspección del Ejecutivo“—, hemos seguido tal política: y avanzamos del rígido molde del patronato eclesiástico al más elástico y respetuoso de la naturaleza de las cosas del modus vivendi.

Hechos, no palabras

Con ánimo de concluir estas breves reflexiones —ya amenazaba el peligro de que se hicieran largas—, quiero trazar dos apuntes finales.

El primero de ellos es destacar que estas reflexiones se han mantenido en todo momento dentro del marco de los textos positivos. Pueden adoptarse otras perspectivas —filosófica y sociológica, por ejemplo—, pero, por el momento, bastaría esta primera aproximación.

En segundo lugar, una idea que he repasado muchas veces: ¿Por qué esta afición tan venezolana a querer resolver los problemas cambiando las leyes? Las leyes son parte de la estructura social —si tienen vigencia, no simple validez formal—, y es cierto que, de tanto en tanto, hay que cambiarlas para que no se conviertan en un armazón de hierro que frene el progreso. Pero el cambio legal ni es todo, ni es lo primero. Piensen simplemente que, si se hubiera llevado a la práctica (aún hay tiempo) lo que prevé la ley actual sobre educación técnica, la ausencia de técnicos en el país no sería tan marcada. Esto es, una ley marca unos cauces, más o menos amplios, y es importante que esos cauces estén limpios y lleven el agua a los sembradíos y no a los barrancos. Pero es esencial que haya agua, esfuerzo vivificador concreto. Y si no, ¿para qué queremos los cauces? Más: ¿para qué queremos cambiar los cauces —a precio de sangre quizás—, si las fallas, la sequedad de las tierras, no se debe tanto a los cauces, que no son tan malos, sino a que nunca, nunca, ha corrido agua por ellos?

Vale la pena meditar un poco estos temas, dejando de lado los prejuicios. Al fin y al cabo, si de educación se trata, comencemos por nosotros mismos, sabiendo que someter las pasiones al recto juicio de la razón es una de las manifestaciones de la sabiduría.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.