Radiografía del proyecto II

Presentación

En el pasado número de VÉRTICE el cuerpo central de la revista fue ocupado por trabajos relacionados con la educación. El tema ofrece doble interés para nosotros. En primer lugar, por ser ésta una revista universitaria, y por ende, estudiantil. Y en segundo término, por la actualidad que cobra la educación, al estar introducido ante las cámaras Legislativas un proyecto de Ley Orgánica en la materia, elaborado por representantes de los partidos AD, URD y FND.

En aquel cuerpo central no sólo no se agotó el tema, sino que ni siquiera se hizo, dentro de los límites esquemáticos de un esbozo general, el planteamiento de todas sus implicaciones. Esa es la razón por la que, a riesgo de cansar a los lectores, pero persuadidos de la necesidad de contemplar todos los aspectos que presenta el problema, nos hemos decidido a dedicar también a la educación las páginas del presente.

En esta segunda parte de la Radiografía del Proyecto, que abarca campos análogos a la primera, se trata de criticar al proyecto por partir de una errónea concepción teórica, que condiciona algunos desaciertos que, de llevarse a la práctica, tendrían funestas consecuencias. Entre estas medidas negativas ocupan lugar preferente las que tratan de lo que hemos dado en llamar “Asalto a la autonomía”.

Como señalamos en la anterior oportunidad, queremos dejar claro que ésta no es la posición “oficial” de la revista frente al problema educativo —para ello existe una sección editorial—, sino el resultado de un conjunto de estudios de una nutrida comisión.

¿Más fascismo?

Principios administrativos fundamentales:

En el número anterior, la “Radiografía del Proyecto” incluía un punto titulado “¿Fascismo Educativo?”, que finalizaba con las siguientes palabras:

“El silogismo falso que ha guiado a los redactores del proyecto de ley de educación en este punto es similar al que usara el ministro de información de la dictadura franquista, Arias Salgado, para justificar la carencia de libertad de prensa en España:

Premisa mayor: «La información de prensa debe estar subordinada al bien común.»

Premisa menor: «El Estado es el guardián del bien común.»

Conclusión lógica: «La prensa debe estar controlada por el Estado.»

El remedio que propone el proyecto va a matar al enfermo.”

Estas afirmaciones se hacían en torno al artículo 67, que establece para toda institución educativa el requisito, previo a su nacimiento, de la inscripción en el Ministerio de Educación. Ahora bien, esta medida, y otras muchas, son fruto de un criterio errado, de absorción total de la educación por parte del Estado, y que trataremos de analizar aquí, como paso inmediato a la consideración de otros puntos críticos. Estos detalles —algunos de ellos de capital importancia, como el referente a la autonomía universitaria— lesionan de una u otra manera intereses vitales al adecuado desarrollo del País, pero todos son dañinos porque reciben su inspiración de este principio de estatalismo exagerado, que vicia todas sus conclusiones ulteriores. Por esa razón, antes de proceder a la consideración de los errores del proyecto, echemos una ojeada a su deleznable base teórica.

En primer lugar, el artículo 14 es la formulación legal del principio:

“Artículo 14. El Ministerio de Educación es el órgano competente del Ejecutivo Nacional en todo lo que se refiere a la educación. En tal virtud está facultado para crear, autorizar y reglamentar servicios educativos en cualquier nivel de la enseñanza y los establecimientos de experimentación y ensayo pedagógico que se requieran para el progreso de la educación, y para cambiar o autorizar el cambio total o parcial del régimen de institutos existentes. En consecuencia les fijará la validez de los estudios en ellos realizados, el régimen de enseñanza y las demás normas necesarias para su funcionamiento”.

Aquí sí es verdad que no hay vaguedad ninguna. En otros puntos —como el de régimen de subsidios a la educación privada y técnica, que señalábamos en la “Radiografía I”— la ley es oscura, imprecisa, indefinida; pero en éste no deja lugar a dudas sobre su intención monopolizadora. No obstante, para que no haya vacilación posible, en la exposición de motivos figura un párrafo esclarecedor:

“De más estaría explicar las razones por las cuales se concentra en el Ministerio de Educación todo lo relativo a las funciones de la enseñanza y el aprendizaje, como se encomienda al Ministerio del Trabajo todo lo relacionado con la actividad laboral del país y al de Minas e Hidrocarburos cuanto se refiere a este sector de la administración del Estado.”

Lamentamos discrepar de los redactores del proyecto, pero no sólo no creemos que hubiera estado de más la explicación, sino que la consideramos absolutamente indispensable. Por otra parte, jamás habíamos visto falacia más burda que la del párrafo precedente. Hemos estado tentados de enviársela al mariscal Castello-Branco, para que encuentre cómo justificar —al fin— sus atropellos. Podría decir algo como esto: “Es innecesario explicar por qué he dado vacaciones forzosas al Congreso, dado el hecho de que reúno en mi persona la jefatura suprema del Estado, y la máxima autoridad militar; así como también considero innecesario justificar el crecido número de exilados, dado el hecho de que he enviado al extranjero a mis dos hijas menores, en viaje de placer por el Mediterráneo.”

Si partimos de esta sencilla base, desarrollada en el artículo 14 y en la exposición de motivos, no tendremos dificultad alguna en comprender el resto de los puntos de nuestra “Radiografía II”: la restricción de la libertad de cátedra, la absorción de la educación superior y el asalto a la autonomía. Haremos, pues, en el desarrollo del trabajo, frecuentes alusiones a estos “Principios administrativos fundamentales” del proyecto.

Cátedra encadenada

La libertad de cátedra, uno de los más caros logros del régimen democrático, tan despreciada por la ley de 1955 y tan golpeada por los enemigos del pueblo venezolano, también se ve amenazada —¡Qué paradoja!— por el proyecto.

El artículo 15 reza textualmente:

“Artículo 15. Para asegurar la unidad, continuidad y sistematización en todos los niveles y ciclos de la educación venezolana, funcionará el planeamiento integral de la educación como servicio sectorial del planeamiento nacional sin perjuicio de las atribuciones que leyes especiales den a determinados organismos educativos.”

“Parágrafo Único. Este servicio establecerá en forma democrática un sistema de consultas con los sectores públicos y privados, requiriendo su opinión en la elaboración de los planes y su concurso y participación en la realización de los mismos.”

La primera pregunta que salta de los labios del lector agudo es: ¿Qué es el planeamiento nacional? De inmediato salta la respuesta: “Cordiplán (Oficina Central de Coordinación y Planificación)”. El lector, intrigado, sigue preguntando: “¿Y qué es el planeamiento integral de la educación como servicio sectorial? La respuesta es: “Eduplán (Oficina del planeamiento educativo dependiente de Cordiplán)”. El lector reflexiona y sigue preguntando: ¿Cómo ha de entenderse un planeamiento integral en todos los niveles y ciclos? Ahora la respuesta es amplia: “Determinación de asignaturas, de programas, de métodos de enseñanza, de métodos de estudio, de intensidad en las evaluaciones, de aumento o reducción de horas de clase, de régimen administrativo de planteles, de supervisión económica de los mismos, etc., etc., etc….” Ahora el lector se desconcierta, y pregunta: ¿Pero la determinación de las materias, los programas, los métodos, no debieran corresponder a organismos como la Federación Venezolana de Maestros, o el Colegio de Profesores de Venezuela? ¿El asignar esas delicadísimas funciones a un organismo del Ejecutivo Nacional que no refleje la opinión de todos los sectores de la vida nacional, no será educar hombres a la manera de determinada facción política o ideológica? La respuesta es a la vez paternal y socarrona: “No se preocupe, que todos los sectores interesados podrán dar su opinión…”

Mejor es que no preguntemos quién decide, para conservar un poquito de esperanza.

¡Ah! y si creíamos que la Universidad se salva de que le determinen sus programas y sus regímenes de estudio, desengañémonos, leyendo algunas líneas adelante el punto “Asalto a la Autonomía”.

Siguiendo nuestro paseo por la libertad de cátedra, llegamos al artículo 44, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 44. El Ministerio de Educación podrá crear cursos sistemáticos destinados a la formación de directores, supervisores, planificadores, orientadores, investigadores y demás especialistas de la educación.”

En principio, esto es inobjetable. A todo el mundo le parece bien que los técnicos de la educación, los especialistas que han de regir el proceso educativo, sean preparados a través de cursos especiales. Algo que ya no se ve tan claro es que sólo el Ministerio de Educación pueda capacitarlos, pero no es válido acusarlo de mala fe en esa preparación. Mientras no se pruebe su existencia, no afirmamos que habrá manejos dolosos, preferencia a miembros de cierto partido, tráfico de influencias, etc. Hasta aquí la cosa se ve más o menos clara.

Pero cuando llegamos al parágrafo segundo del artículo 76 es cuando nos quedamos asombrados:

“Parágrafo Segundo. El Ministerio de Educación podrá designar o permitir la designación de directores y profesores que no posean el título de ley, para planteles que funcionen en poblaciones donde se compruebe que no hay candidatos titulados para tales cargos, siempre que no se trate de establecimientos de formación docente, de acuerdo con el reglamento respectivo.”

Es decir: “Para ejercer cargos de especialista educativo, hay que pasar por nuestros cursos de capacitación y recibir nuestro visto bueno; pero… el Ministerio, sin embargo, podrá darle a Ud. el nombramiento sin obligarlo a pasar por ningún molesto curso, siempre que no haya candidatos (Si los hay, estarán partiéndose el lomo en nuestros cursos) y siempre que Ud. tenga… idoneidad.”

Educación superior: ¿sólo del Estado?

El proyecto, en su artículo 36, estipula lo siguiente:

“Artículo 36. La educación superior comprende las Universidades, los Institutos Superiores de Formación Docente, Institutos Politécnicos, Institutos Superiores de Educación Militar, Institutos Superiores de Investigación y de Cultura y los demás que se crearen de acuerdo con la ley.”

“Parágrafo Único. El Ejecutivo Nacional podrá elevar al nivel de educación superior los estudios de cualquier rama del segundo ciclo de educación media, cuando así lo exijan las condiciones de desarrollo del país y las propias de la correspondiente rama, previo el cumplimiento de los requisitos de esta ley para los estudios de nivel superior.”

En síntesis: todo instituto de educación superior debe nacer dentro de la ley. Unos, enumerados en el proyecto; otros, en leyes especiales, pero todos deben estar previstos por una ley… salvo los que el Ministerio de Educación establezca. La única entidad que no se ciñe a la ley en materia de educación es, precisamente, el Ministerio de Educación. Podría recordarse con ocasión de esto, con tristeza, aquello de que “la artoridaz jase lo que le da la gana”.

Pero esto no es todo, hay bastante más. La terminología del proyecto es una en los niveles primario y medio de la Educación, pero otra muy distinta en cuanto a la superior. Cuando habla de que “el Ejecutivo Nacional podrá crear y autorizar…” (Arts. 8, 14, 28 y 31), garantiza la posibilidad de que otra entidad no estatal establezca instituciones educativas, contando con la autorización, claro está, pero al menos pudiendo intentar establecerlas. Sin embargo, en el artículo 41 la redacción cambia completamente.

“Artículo 41. Son Institutos Superiores de Formación Docente los Institutos Pedagógicos y demás centros superiores creados por el Estado.”

Aquí ya no se autoriza a nadie. Si Ud. quiere establecer un centro de formación pedagógica, hágalo en otro país. En Venezuela, si quiere, establezca un kindergarten, un colegio primario y hasta un liceo; pero un Instituto Pedagógico NO. Los profesores, en Venezuela, sólo pueden ser formados por el Ministerio de Educación. Esto, claro está, concuerda con el principio sentado en el artículo 14, de que todo lo educativo nace, crece, se reproduce y… muere en el Ministerio de Educación.

Concuerda con el principio, pues, pero no es por eso menos descabellado y totalitarista.

Asalto a la autonomía

Henos aquí frente al punto climático de la “Radiografía”. El punto que nos toca más directamente como universitarios, y el punto donde el proyecto revela sus finalidades monopolistas.

Echemos un vistazo al famoso artículo 40:

“Artículo 40. Las Universidades son organismos autónomos, en la forma y condiciones que establezcan las leyes especiales que las rigen, en concordancia con las disposiciones fundamentales de esta Ley.”

Ya están sentadas las bases para el asalto. No olvidemos que este es un proyecto de ley orgánica, que la ley de Universidades es una ley especial, y que de acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Nacional, la ley orgánica priva sobre la ley especial. Por lo tanto, las Universidades, de ser aprobado el proyecto, serían autónomas según su ley (pobre ley especial) y según las disposiciones del proyecto (ley orgánica). Y ahora, prepárense, que en el mismo artículo 40 vienen las disposiciones:

“Parágrafo Único. El Ejecutivo Nacional podrá crear, sostener y reglamentar Centros de Educación Universitaria para atender necesidades nacionales o regionales.”

Listo el zarpazo a la autonomía. Estos “centros” otorgarán títulos universitarios, tendrán presupuesto de universidades, tendrán nivel de planteles nacionales, pero no tendrán autonomía, porque no serán universidades propiamente dichas. Como era de esperarse, sólo las creará el Ejecutivo Nacional.

Pero no nos detengamos, que todavía falta el zarpazo más fuerte, que figura en el artículo 37:

“Artículo 37. La Educación Superior, para garantizar la unidad del sistema educativo y su contribución al desarrollo social y económico, coordinará sus planes y programas con los ciclos de Educación Media y con los organismos de planeamiento de la Nación.”

“Parágrafo Único. A los efectos de este artículo, el Consejo Nacional de Universidades coordinará las funciones de los organismos de planeamiento de las Universidades, y tendrá la representación de ellas en los organismos de planeamiento integral de la educación.”

Si el lector se toma ahora la molestia de repasar mentalmente lo que decíamos líneas atrás acerca del artículo 15, verá que corresponde a Eduplán: “la determinación de asignaturas, de programas, de métodos de enseñanza, de métodos de estudio, de intensidad en las evaluaciones, de aumento o reducción de horas de clase, de régimen administrativo de planteles, de supervisión económica de los mismos, etc., etc. etc….” Esto, desde el punto de vista que se lo mire, es sencillamente inconcebible. De acuerdo con el proyecto, Eduplán decide hasta el más mínimo detalle docente (incluidas las materias, su contenido, su importancia y hasta su orientación ideológica), de las universidades. Al Consejo Nacional de Universidades, además, se lo reduce a simple representante de las mismas ante Eduplán, que, benevolentemente, “oirá con atención sus opiniones”.

No sabemos (aunque intuimos) qué interés mueve a quienes pretenden cercenar de ese modo nuestra preciada autonomía, pero sí sabemos que de todos los desaciertos —unos de principio, otros técnicos— en que abunda este proyecto, el más mezquino es este asalto a la Universidad.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.