El Reglamento y la autonomía

Entrevista al doctor Allan-Randolph Brewer-Carías

Preliminar

Al analizar el Reglamento Parcial de la Ley de Universidades, lo primero que hay que plantearse es la posibilidad misma del reglamento. Es decir, antes de entrar a considerar la ilegalidad o inconstitucionalidad de tal o cual artículo, es necesario analizar el problema en su conjunto. ¿Es posible que el Ejecutivo Nacional dicte un reglamento de la Ley de Universidades? ¿Hasta qué punto tiene el Ejecutivo Nacional la potestad reglamentaria limitada? O, ¿esa potestad reglamentaria es limitada?

El artículo 170 de la Ley de Universidades establece claramente que el Ejecutivo Nacional reglamentará la Ley de Universidades. Este artículo repite, en realidad, una atribución de orden constitucional. En efecto, el art. 190, ordinal 10º de la Constitución lo prevé expresamente. Habla de que el Presidente de la República tiene atribución para reglamentar la ley, sin alterar su espíritu, propósito y razón. Esta norma consagra entonces la potestad reglamentaria —una consagración de orden constitucional— pero la limita —una limitación también de orden constitucional— a no alterar el espíritu, propósito y razón de la ley que se va a reglamentar. Entonces, frente a la Ley de Universidades, lo primero que hay que averiguar es cuál es el espíritu, propósito y razón de la Ley —qué pretende la Ley—, y luego de clarificados, determinar hasta qué punto puede el Ejecutivo Nacional reglamentarla.

El espíritu, propósito y razón de la Ley de Universidades, al regular las Universidades en general, y en especial a las Universidades nacionales, se deriva, además de todo el contexto general del texto legal, fundamentalmente del artículo 8. Artículo que le da el sentido general a una serie de atribuciones encomendadas a las Universidades. En efecto, ese artículo 8 de la Ley de Universidades dispone que las Universidades son autónomas de acuerdo a lo establecido en la Ley, en la propia Ley de Universidades. Entonces, el espíritu, el propósito y la razón de ser de la Ley de Universidades es crear y regular una autonomía; autonomía de que gozan determinados entes, que son las Universidades, en general, y en especial las Universidades nacionales.

¿Qué significa autonomía?

Pero frente a esta palabra, Autonomía, que consagra ese artículo 8, y a esa intención del legislador de crearla, lo primero que hay que establecer es en qué consiste la autonomía. Muchos sentidos se le han dado a la palabra. Generalmente se la utiliza en sentidos que en realidad son añadidura del sentido primordial y principal. Autonomía, en Derecho Público —y es sólo bajo el ámbito del Derecho Público como puede entenderse la autonomía, referente a un ente público— significa lo que emana directamente de su etimología: “auto+nomos”, es decir, posibilidad de un ente determinado de dictarse su propio ordenamiento. Posibilidad de auto normarse. Por eso, el sentido primario de la palabra autonomía es el de auto-normación. La posibilidad de un ente de auto-regularse, de auto-reglamentarse, de auto-dictarse su propio ordenamiento. Este es el sentido primario y más importante de la palabra autonomía, visto, por supuesto, el problema, bajo el estricto ángulo jurídico.

Si el espíritu, propósito y razón de la Ley, entonces, es la creación de una autonomía, y por autonomía debemos entender, en sentido primario y en Derecho Público, la posibilidad de un ente —en este caso, de las Universidades nacionales— de regularse a sí mismas, es evidente que ese espíritu, propósito y razón de ser de la Ley de Universidades, es crear Universidades con posibilidad de dictarse su propio ordenamiento, con posibilidad de dictarse sus propios reglamentos, con posibilidad de auto-regularse o auto-normarse. Y el único límite a esa autonomía que establece la Ley, a esa posibilidad de auto-regularse y autonormarse es, como lo precisa el artículo 8, el marcado por las precisas normas establecidas en la Ley. No puede, por tanto, ninguna otra norma de rango inferior a la Ley, limitar la autonomía, limitar la intención del legislador al crear esa autonomía y al crear la posibilidad, para un ente, de auto-regularse. Entonces, frente al Reglamento de la Ley de Universidades, dictado por el Ejecutivo Nacional el 14 de febrero de 1967, lo primero que hay que preguntarse es sobre la posibilidad misma de este reglamento. ¿Puede el Ejecutivo Nacional reglamentar la Ley de Universidades? En principio sí, porque tiene potestad reglamentaria. Pero, ¿hasta qué punto llega esa potestad reglamentaria? Esa potestad reglamentaria del Ejecutivo Nacional, frente a la Ley de Universidades, está limitada por el espíritu, propósito y razón de la misma, es decir, por la creación de una autonomía; así, puede, indudablemente, el Ejecutivo Nacional, reglamentar la Ley de Universidades, pero en todo aquello que no viole o menoscabe las atribuciones del ente, es decir, de la Universidad, de regularse a sí misma, tal como la propia Ley lo señala en multitud de artículos y específicamente en el artículo 25, cuando atribuye al Consejo Universitario la posibilidad, o la obligación y facultad, de dictar los reglamentos universitarios. Aparte de esa atribución genérica del Consejo Universitario de reglamentar la ley y de dictar los reglamentos universitarios, en gran cantidad de artículos (podríamos hasta hablar de un 20 ó 25% de los artículos) expresamente se remite la Ley a los reglamentos, y estos reglamentos no son otros que los dictados por la Universidad. En esto consiste, entonces, la autonomía: en la posibilidad de auto-regularse, y en esa posibilidad de autoregularse la Universidad, está el límite de la potestad reglamentaria. El Ejecutivo Nacional no puede dictar un reglamento, cuando, dictando ese reglamento, menoscabe la autonomía, es decir, regule materias cuya regulación corresponda a la Universidad en virtud de esa autonomía.

Auto-administración, auto-gobierno, auto-control

Sin embargo, si bien el sentido primario y quizás más importante, como hemos señalado, de autonomía, es el de la auto-normación, la palabra autonomía significa también en Derecho Público otra serie de facultades propias de entes creados por el Estado y desvinculados de la Administración Central. En efecto, cuando se habla de autonomía en la Ley de Universidades, se establece también que éstas tienen su propio patrimonio y que, por esa autonomía, pueden administrar libremente ese patrimonio sin intervención de ninguna especie de la Administración Central. Por tanto, y esto es muy importante señalarlo, no debe calificarse a la Universidad Nacional, y concretamente a la Universidad Central de Venezuela, como generalmente se lo hace, como un Instituto Autónomo. La Universidad Central no es un Instituto Autónomo, ni tiene el mismo régimen de los Institutos Autónomos. En efecto, los Institutos Autónomos se caracterizan por estar sometidos a la tutela de la Administración Central, tutela que se refiere, concretamente, a su administración: Casi todas las leyes reguladoras de Institutos Autónomos establecen que los directores de dichos Institutos deben dictar ciertos actos, pero sometiéndolos previamente a una autorización de parte del Ministro al cual está adscrito el Instituto, o sometiendo a una aprobación posterior sus actos. En fin, existe un control de tutela intenso de la Administración Central ante el Instituto Autónomo. En el caso de las Universidades nacionales la autonomía es real ya que no existe control de tutela. La Universidad nacional no está sometida a ningún tipo de interferencia en la administración de su patrimonio por parte de la Administración Central, esto es, del Ejecutivo Nacional.

Otra característica esencial de la autonomía en el caso de las Universidades es la del auto-gobierno. Autonomía significa aquí posibilidad de las Universidades de designar, mediante el voto de todos los miembros que forman la comunidad universitaria, sus propias autoridades. Se dan, en el caso de las Universidades reguladas por la Ley, autoridades elegidas por los profesores, por los estudiantes, por los egresados. Existe entonces, un co-gobierno universitario, un auto-gobierno, designado por la propia comunidad universitaria. Esto confirma aún más la existencia de esa autonomía, y la no calificación de la Universidad como instituto autónomo. Volviendo a hacer la contraposición, en los Institutos Autónomos siempre, en virtud de la tutela administrativa, el Ejecutivo Nacional, nombra y remueve a los directores; en el caso de las Universidades no hay tal remoción ni tal nombramiento. Las autoridades universitarias se eligen por la propia comunidad universitaria y tienen un lapso de duración determinado.

Y también autonomía, de acuerdo con lo que establece la Ley, significa, en cierto sentido, un auto-control. Autocontrol no sólo de tipo administrativo, sino también, entendido como la posibilidad de las autoridades universitarias de controlar el orden dentro de su sede. En este sentido, la Ley de Universidades, en su artículo 6º, habla claramente de que el recinto universitario es inviolable, y agrega que sólo podrá ser allanado para impedir la perpetración de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia.

La inviolabilidad del recinto

Esta inviolabilidad del recinto universitario no es una cosa específica, especial, y que corresponda sólo a las Universidades nacionales. En absoluto. La consagración de la inviolabilidad del recinto universitario, no es más que un reflejo de una garantía individual que consagra la Constitución en el artículo 62º, ubicado por cierto en el capítulo de los derechos individuales —el mismo capítulo que regula la libertad personal, el derecho a no ser detenido, el derecho a la vida— donde se consagra la inviolabilidad del hogar doméstico. Y en ese mismo artículo se consagra también que ese hogar doméstico sólo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito, o para cumplir, conforme a la ley, las decisiones de los Tribunales de Justicia. Por tanto, y ésto es evidente, si se compara el régimen del recinto universitario establecido en la ley, con esa garantía individual, vemos que es idéntico, y corresponde a la misma naturaleza que el derecho individual de la inviolabilidad del hogar doméstico. En efecto, este derecho individual no sólo existe para los individuos personalmente, para los individuos como personas individuales, sino también para los individuos cuando se reunen en comunidad. Cuando existe una corporación cuyo fundamento, cuya base, es un sustrato personal, en este caso también existe una inviolabilidad del recinto o de la sede donde funciona. Nadie duda, por ejemplo, que la sede de un Colegio Profesional —el Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Médicos— es tan inviolable como cualquier hogar doméstico, porque es un sitio donde tiene posibilidad de reunirse una corporación formada por un sustrato personal —los profesionales que se han agrupado—. Pues bien, en el mismo caso se encuentran las Universidades Nacionales; no sólo porque lo establece la Ley de Universidades en su artículo 6º, sino porque emana directamente de la propia Constitución, en la aplicabilidad del régimen del hogar doméstico a la comunidad universitaria.

Ahora bien, esa inviolabilidad del recinto universitario, o del hogar doméstico, o de la sede de cualquier persona moral de tipo corporativo, ¿qué sentido tiene? Es decir, ¿por qué se consagra este derecho individual de la inviolabilidad del hogar doméstico? Como cualquier otro derecho individual, este derecho se consagra como protección del ciudadano frente al Estado. Todo derecho o garantía individual —por eso se habla de garantías— previsto en la Constitución se establece como protección del ciudadano, de la persona, frente al aparato estatal y ése es el sentido más importante que tiene la consagración de esos derechos individuales. En esta forma, el hogar doméstico y su inviolabilidad es un derecho establecido en la Constitución para proteger al individuo frente al Estado. En el caso de las Universidades nacionales, la inviolabilidad de su recinto responde a una necesidad de protección de la comunidad universitaria frente al Estado, frente a la comunidad nacional. Ahora bien, ¿protección frente a qué?, o, en otras palabras, ¿frente a qué tipo de actividad estatal se consagra esta protección? ¿Cuál orden corresponde vigilar y mantener a las autoridades universitarias? (tal como lo señala el artículo 6º de la propia Ley de Universidades, que atribuye a estas autoridades la vigilancia y el mantenimiento del orden dentro de ese recinto universitario). ¿A qué orden se refiere? o ¿por qué se establece, para las autoridades universitarias el control y la vigilancia de ese orden? y ¿por qué no se le otorga a organismos ordinarios del Estado? Aquí volvemos a la tesis de que el régimen del recinto universitario y su inviolabilidad es similar al régimen del hogar doméstico. Nadie duda de que el orden en su hogar doméstico corresponde exclusivamente, y por eso su razón de ser como garantía individual, al amo de casa, a quien sea responsable de aquel hogar doméstico. Nadie duda de que el orden dentro de la sede del Colegio Profesional —de un Colegio de Abogados, de un Colegio de Médicos— corresponda a las autoridades elegidas por la comunidad profesional. En este sentido, nadie debe dudar de que corresponde a las autoridades universitarias el mantenimiento y la vigilancia del orden dentro del recinto universitario. Pero, ¿qué tipo de orden corresponde ser vigilado por las autoridades universitarias y sobre cuál no deben intervenir las autoridades nacionales?

Recinto universitario y orden público

Esto nos lleva a considerar algunos aspectos sobre el orden público en general. En la época del estado abstencionista, del Estado del S. XIX, la actividad esencial y fundamental del Estado era, precisamente, el mantenimiento del orden público para prevenir e impedir su perturbación. Pero, ¿qué tipo de orden se mantenía en aquella época? Simplemente el orden reflejado en la tranquilidad de la calle, la tranquilidad pública, y ciertos aspectos de seguridad pública. El orden público, pues, del Estado absolutista, era ese orden de tranquilidad pública y seguridad pública.

Las sucesivas intervenciones del Estado en la vida social, sin embargo, no sólo fueron dando origen a otra serie de formas de la actividad administrativa, y así ya la actividad administrativa no se reduce simplemente a actividad de policía, sino que ahora el Estado es prestador de servicios públicos, el Estado fomenta las iniciativas privadas, e inclusive el Estado se ha convertido en empresario, a través del establecimiento de empresas públicas. Por tanto, el intervencionismo no sólo ha dado origen a otras formas de actividad administrativa, sino que dentro del mismo concepto de policía, su finalidad —que es el mantenimiento del orden público— se ha ampliado. Ya el Estado no sólo se preocupa del mantenimiento del orden público, reflejado en la tranquilidad pública, en la tranquilidad de la calle, en la seguridad pública, sino que también vela, fundamentalmente, por la salubridad pública, por la moralidad pública y por otros aspectos del orden público. Es decir, el concepto de orden público se ha ampliado; ya no se reduce a la policía, a la actividad general de mantenimiento de la tranquilidad pública y seguridad pública, sino que han surgido las llamadas “policías especiales”, cuyo objeto es el mantenimiento de ciertos aspectos del orden público, sea el orden sanitario —la salubridad pública—, la moral —la moralidad pública—, etc. Esta distinción entre un orden público general —tranquilidad pública o seguridad pública— y orden público especial o específico —como salubridad pública o moralidad pública— que han dado origen, repito, a la policía general, la primera, y a policías especiales, según el tipo especial o la faceta especial del orden público que se mantiene, es muy importante cuando se analiza el problema del hogar doméstico y de su inviolabilidad y, concretamente, también, del recinto universitario y su inviolabilidad.

En efecto, si se analiza detenidamente el artículo 62 de la Constitución, que establece la garantía del hogar doméstico, se observa que en su parte segunda, se dice claramente que las visitas sanitarias al hogar doméstico podrán practicarse de conformidad con la ley, previo aviso de los funcionarios que deban practicarlas. Por tanto, y esto es evidente, si se establece en el artículo 62 de la Constitución la inviolabilidad del hogar doméstico, y como consecuencia, que corresponde al jefe del hogar doméstico el mantenimiento del orden que es la consecuencia de su inviolabilidad; y se establece además, en el mismo artículo, que las visitas sanitarias son posibles, es evidente que cuando se consagra la inviolabilidad del hogar doméstico esto no se refiere al orden sanitario, ni se refiere a las policías especiales; si se declara, por ejemplo, una epidemia en un hogar doméstico, aquí no entra en juego la inviolabilidad del hogar doméstico, porque las autoridades sanitarias podrán entrar siempre con el solo requisito previo del aviso como lo prescribe la Constitución, y como lo corrobora, en ese caso concreto, la Ley de Sanidad Nacional. Por tanto, esa inviolabilidad del hogar doméstico no se establece frente a las policías especiales, no se establece frente a los aspectos específicos y concretos del orden público que dan origen a policías especiales. En este sentido, nadie nunca ha dudado que al recinto universitario no pueda entrar la policía sanitaria. La policía sanitaria entra frecuentemente al recinto universitario y un ejemplo de ello se consigue a diario en los cafetines de la Universidad al ver anuncios de la Unidad Sanitaria que tiene jurisdicción en esa zona, estableciendo que se va a clausurar el establecimiento, si no se cumplen las normas sanitarias sobre el expendio de alimentos. Ese acto es un acto de policía igual que el acto de arresto de un ciudadano que anda borracho por la vía pública. Tan acto de policía es uno como otro. La diferencia es que la policía sanitaria no tiene uniforme, no tiene armas, pero es tan policía como la otra. Lo que sí es importante determinar es que la inviolabilidad del recinto universitario y del hogar doméstico no se establece frente a las policías especiales, por ejemplo, frente a la policía sanitaria. Asimismo, yo creo que nunca ha debido dudarse de la posibilidad de que la policía de tránsito, que es también una policía especial —porque atiende a un aspecto específico y concreto del orden público que es la circulación en la calle—, pueda entrar en el recinto universitario: si se produce una colisión grave de vehículos en la Universidad, los únicos que pueden levantar el expediente del accidente, expediente que va a dar posibilidad de reclamaciones judiciales entre las partes, son las autoridades de tránsito, y no creo que nadie debería dudar de la posibilidad de que la autoridad de tránsito pueda entrar al recinto universitario y vigilar la circulación, lo cual es su única función. En ese sentido, también, no creo que exista duda, de que los bomberos puedan entrar las veces que quieran a la Universidad, cuando sea necesario, por un incendio o por cualquier siniestro de esta índole; y los bomberos son, también, autoridades de policía.

Por tanto, y esto lo podemos sacar como conclusión, el orden que les corresponde controlar y mantener a las autoridades universitarias en el recinto universitario, o al jefe de familia en un hogar doméstico, o al Presidente de un Colegio profesional en su sede, ese orden, es aquel orden público general: la seguridad y la tranquilidad públicas. Ese orden debe ser controlado por las autoridades en el recinto universitario, y por ello es que se establece la inviolabilidad del mismo, inviolabilidad que tiene sentido de protección, justificada tan sólo frente a la policía de seguridad y no frente a las policías especiales. Cuando ese orden público se torne en incontrolable no pudiendo las autoridades universitarias mantenerlo, deben ellas acudir a la utilización de la fuerza pública ordinaria, solicitando la actuación de los cuerpos de policía del Estado.

¿Qué se entiende por recinto universitario?

Pero al hablar de esta inviolabilidad del recinto universitario, surge, indudablemente, el problema de la precisión, o posible precisión o definición del recinto universitario. Si el recinto universitario es inviolable frente a la policía general, ¿qué debe entenderse por recinto universitario? ¿Qué es el recinto universitario? O, en otras palabras, ¿es posible definir o precisar el recinto universitario?

En mi criterio, tratándose de la Institución universitaria, no es conveniente, legalmente o reglamentariamente o en cualquier tipo de norma de carácter general precisar topográficamente el recinto universitario, y menos cuando se está en presencia de una “Ciudad Universitaria” como la de la Universidad Central de Venezuela. En efecto, en todos los países civilizados del mundo, aun cuando no exista una Ley de Universidades, aun cuando no exista una consagración de la inviolabilidad del recinto universitario, este recinto existe de hecho, es, también, absolutamente inviolable. Y es inviolable porque el recinto universitario antes que una definición topográfica es una actitud: el hablar de recinto universitario no es más que tratar de precisar o definir una actitud determinada de la comunidad universitaria frente a la comunidad nacional, y asimismo, de la comunidad nacional frente a la comunidad universitaria. No puede pensarse que, reglamentariamente, se fijen límites topográficos al recinto universitario, porque esto es lo único que podría producir serían problemas de interpretación. En mi criterio, insisto, el recinto universitario se traduce simplemente en una actitud. Una actitud de cordura, una actitud de saber el límite de sus derechos y de sus posibilidades, de la comunidad universitaria frente a la comunidad nacional y de la comunidad nacional frente a la comunidad universitaria. Es una actitud de razonabilidad frente a los problemas concretos de la vida universitaria. Algunos reflejos, en mi criterio, de esta actitud de cordura, los hemos tenido después de la aprobación del reglamento, con algunas manifestaciones públicas que han tenido lugar en la ciudad universitaria después del inicio de las actividades docentes en febrero. La prensa ha dado noticias de una serie de hechos, de manifestaciones, de mitines, que han tenido lugar en la ciudad universitaria, y es evidente que aun cuando existe un reglamento que define el recinto universitario, circunscribiéndolo a las edificaciones, es evidente que la autoridad nacional ha adoptado hasta ahora, y ojalá siga así, una actitud de cordura. A pesar de las manifestaciones que ha habido, afortunadamente no ha habido ninguna intervención de la fuerza pública, como sí la hubiese habido si esas manifestaciones se hubieren realizado fuera del área de la ciudad universitaria. Sin embargo, como han sido realizadas en el área de la ciudad universitaria, son manifestaciones hasta cierto punto normales del estudiantado, excluyendo, por supuesto, los excesos; y, como son manifestaciones normales, esto ha producido que el Ejecutivo Nacional no haya intervenido, reprimiéndolas. He aquí un ejemplo, hasta ahora, de esa actitud de cordura, de que el recinto universitario no es algo que deba definirse ni precisarse, sino que es el reflejo de una actitud de la comunidad nacional frente a la comunidad universitaria y de la comunidad universitaria frente a la comunidad nacional. Lo que es importante tener en cuenta es que no debe la comunidad universitaria excederse, traspasar los límites de la razonabilidad, de la cordura, en la precisión y definición de ese recinto universitario.

En este sentido, considero que el artículo 6º del reglamento de la Ley, cuando habla de que “se entiende por recinto universitario el espacio, precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la Institución”… es completamente equívoco al tratar de precisar algo que no necesita precisarse. Porque de acuerdo a esta norma del artículo 6º, si bien recinto universitario sería el aula donde se da la clase, ya dejarían de ser recinto los pasillos, las escaleras y también dejarían de serlo las extensiones y los pasillos cubiertos que están fuera de los edificios; no se gana nada precisando el recinto en un reglamento, porque lo que se puede producir son excesos en las interpretaciones y no la aplicación de ese criterio de cordura, de razonabilidad, que debe caracterizar la apreciación de la comunidad nacional y de la comunidad universitaria sobre lo que debe ser el recinto universitario.

El art. 3, en parte inútil, en parte ambiguo

En cuanto al artículo 3º, sobre el que se ha hablado tanto, deben hacerse tres tipos de observaciones.

En primer lugar, este artículo establece la posibilidad de libre estudio, análisis académico, exposición de doctrinas filosóficas, políticas científicas o religiosas, lo que no viene a ser sino una simple repetición, más o menos ampliada, del artículo 4º de la Ley de Universidades. Por tanto, esta primera parte del artículo es completamente inútil.

En segundo lugar, el artículo establece también que no podrán realizarse en los establecimientos universitarios ninguna clase de actividad de propaganda político-partidista. Esta norma, abiertamente viola la autonomía universitaria, porque esa prohibición le corresponde hacerla y dictarla al Consejo Universitario y no al Ejecutivo Nacional. Y, en este sentido, debe señalarse que eso que dice el artículo 3º lo tiene dicho el Consejo Universitario, desde hace seis años, en el Reglamento de Normas Disciplinarias del 2 de Enero de 1961. En consecuencia, la parte que se comenta no sólo es inútil, porque lo que se dice allí ya está dicho en un reglamento universitario, sino que además es ilegal, porque eso corresponde hacerlo al Consejo Universitario que tiene, por ley, la obligación y la responsabilidad del mantenimiento del orden dentro del recinto universitario.

En tercer lugar, este artículo habla de que tampoco podrá hacerse propaganda a favor de posiciones y doctrinas contrarias a los principios de la nacionalidad, del orden democrático, o que ofendan a la moral y a las buenas costumbres. Este aparte del artículo además de establecer limitaciones a la libertad de expresión, no permitidas por la Constitución, es peligroso y de interpretación ambigua. Realmente, no puede determinarse qué son las “doctrinas contrarias a los principios de la nacionalidad”, ni qué son los “principios de la nacionalidad”. Esa terminología recuerda un poco a la terminología empleada en normas legales y reglamentarias en la época posterior al año 36. Por otra parte, la prohibición que establece el mismo artículo en el sentido de que no puede hacerse propaganda que ofenda la moral y las buenas costumbres, es completamente inútil, porque está dicho en la Constitución: cuando ésta regula la libertad de expresión del pensamiento, establece como límite ése de que no ofenda la moral pública.

El art. 16 viola la autonomía

De acuerdo con los artículos 99 y 112 de la Ley de Universidades, tanto los miembros del personal docente y de investigación, como los alumnos podrán ser sancionados con amonestación o suspensión temporal de su función, en cuanto a los profesores; o, suspensión, amonestación, pérdida del curso o expulsión de la Universidad, en cuanto a los alumnos, según la gravedad de la falta. Es decir, estos artículos consagran, para el Consejo Universitario, la posibilidad de apreciar la gravedad de la falta cometida por algún profesor o por algún alumno, y, de acuerdo a esa libre apreciación de la gravedad de la falta, aplicar alguna de las sanciones que esos dos artículos prevén. Se trata, entonces, de una facultad discrecional de apreciación de los hechos, de apreciación de la gravedad de la falta, que otorga la Ley a las autoridades universitarias. Se trata, pues, de una libertad, porque en eso consiste la discreción de apreciar estas circunstancias que permitan calificar una falta como grave o no, y de acuerdo a esa calificación, de aplicar una sanción u otra. Entonces, si la Ley consagra esta libertad, no puede un ente distinto a la Universidad, concretamente el Ejecutivo Nacional, calificar, en forma general, la gravedad de una falta concreta. En este sentido, cuando el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Universidades establece que la no comparecencia de algún profesor a la elección de las autoridades, le acarrea la suspensión inmediata, inclusive con pena de remoción, y, cuando establece que cuando los representantes estudiantiles no concurrieren a esas elecciones serán sancionados con suspensión temporal, o con suspensión, también, como alumnos regulares, por un número de meses determinados, ese artículo viola abiertamente la autonomía o libertad de acción del Consejo Universitario otorgada por la Ley, al permitirle calificar la gravedad de la falta y aplicar sanciones.

Es necesario señalar la inconstitucionalidad evidente del art. 43

Es necesario, por otra parte, señalar la inconstitucionalidad evidente del artículo 43 del reglamento. Este artículo señala que a los fines indicados en el artículo 9º de la Ley, los alumnos que hayan sido aplazados, o que deban repetir el curso, total o parcialmente, pagarán, por concepto de matrícula, la cantidad de 100 bolívares por asignatura.

Esta norma es completamente inconstitucional. No porque vaya contra el espíritu, propósito y razón de la Ley, como sí lo hacen la mayoría de las normas del reglamento, al contrariar la autonomía, sino porque viola directamente una norma constitucional.

El artículo 78 de la Constitución establece claramente que la educación impartida por los institutos oficiales será gratuita en todos sus ciclos. Sin embargo, y he aquí la única exclusión que establece la Constitución, la Ley podrá establecer excepciones respecto de la enseñanza superior (donde se incluye la universitaria) y la especial, cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna. Es decir, la Constitución establece como única excepción a la gratuidad de la enseñanza el caso de las Universidades y los institutos de enseñanza superior y especial, pero cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna. Sólo en base a esta consideración puede la Ley establecer excepciones al principio de la gratuidad de la enseñanza; por ello, no sólo es inconstitucional el artículo 43 del Reglamento, sino que es inconstitucional, esencialmente, el artículo 9º de la Ley de Universidades, que es anterior a la Constitución, y que quedó derogado tácitamente al dictarse la Constitución. Es ese artículo 9º el que establece que, aun cuando en las Universidades nacionales los estudios ordinarios son gratuitos, los alumnos que deban repetir el curso total o parcialmente por haber sido aplazados pagarán el arancel que establezca el reglamento. Esta norma de la Ley de Universidades quedó derogada tácitamente, porque la Constitución es de fecha 23 de enero del año 61 y la Ley de Universidades data del año 58.

El art. 37: justo en su contenido, pero violatorio de la autonomía

En cuanto al artículo 37, que limita el acceso a la representación estudiantil a aquellos alumnos arrastrantes, repitientes o que hayan aprobado todas las materias de una Escuela, pero que no hayan obtenido el título correspondiente, me parece ajustada a claros principios universitarios y concuerda con algo que he sostenido aun desde mis tiempos de estudiante. Tal como no podría pretenderse que fuesen representantes de los profesores los profesores incompetentes —y la incompetencia tiene una sola forma de ser demostrada—, asimismo no es justo que se admita en la representación estudiantil ante las autoridades universitarias, a los estudiantes incompetentes, y en el ámbito estudiantil es una forma evidente de demostrar la competencia o la incompetencia el haber sido aplazado, o el ser repitiente en alguna asignatura.

En cuanto a la tercera categoría, los que hayan aprobado todas las materias, pero que no hayan obtenido su título, la limitación también es justa, en mi criterio, porque ya, de hecho, han dejado de ser estudiantes.

Sin embargo, y a pesar de que en el fondo considero justo lo establecido en este artículo 37 del Reglamento, sí es necesario convenir, señalar sin ningún problema, que tal artículo es evidentemente inconstitucional, porque esa limitación correspondería establecerla a la autoridad universitaria, en virtud de su autonomía académica, y no al Ejecutivo Nacional, a través de un reglamento, que, en este sentido, viola la autonomía, viola el espíritu, propósito y razón de la Ley de Universidades que es, repito, establecer una autonomía; establecer un ente con posibilidad de regularse en distintos campos, uno de los cuales es el de poder establecer cuáles son los alumnos que pueden formar la representación estudiantil y qué tipo de alumnos queda excluido de esa representación estudiantil.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.