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Vértice › N.º 47 · Marzo-abril de 1968

Universidad · Vértice, pág. 5

¿Fraude electoral en la UCV?

Entrevista con el Dr. Gustavo Planchart

Esta es alrededor de la centésima vez que acudimos a entrevistarnos con el Decano de la Facultad de Derecho, Dr. Gustavo Planchart Manrique, hombre discutido como el que más en nuestra U.C.V. Al vernos, no oculta su asombro:

—¿Qué pasa, reportero? ¿Como que Uds. no tienen otro personaje para entrevistar en toda la Universidad que no sea yo?

—¿Y qué quiere que hagamos, Dr. Planchart, si el único personaje polémico que parece haber en toda la Universidad es Ud.? Todo el mundo, revolucionario o no, agitador o no, académico o no, dentro de la Universidad, se ha acomodado al nuevo estilo de gogotequismo que hace furor en el mundo capitalista, y a nosotros los periodistas, francamente, no nos parece que las gogotecas tengan mucho que decirnos en una entrevista, ¿sabe? Y no se puede vivir solamente a base de reportajes gráficos, que es lo que podríamos hacer con ellas.

—Mmm… Bueno, dígame entonces que lo trae por aquí, amigo reportero.

—Pues bien, decano, ocurre que Ud. impugnó las elecciones universitarias, al parecer por el asunto de la definición de estudiante regular, y que el Consejo Universitario no aceptó la impugnación, y hasta pronunció un voto de censura en su contra. ¿Qué nos puede decir sobre estas cosas?

El Dr. Planchart se acomoda en su asiento, nos mira a través de sus lentes, que hacen incisiva la mirada, carraspea ligeramente y comienza:

—Bien, vamos a comenzar por el principio y a aclarar las primeras dudas que han surgido acerca de mi posición. El artículo 110 del Reglamento de Elecciones Universitarias, recientemente promulgado, señala que todo votante en dichas elecciones, tiene la facultad de impugnar aquellas en las que haya participado, dentro de los diez días siguientes a su celebración. Mi primera impugnación, presentada el día 13 de febrero de este año, se dirigía contra los procesos electorales celebrados el 26 de enero y el 7 de febrero del mismo año. Aquí surge la primera duda: ¿por qué no impugné la elección del 26 de enero dentro de los diez días siguientes a su celebración? Sencillamente, porque no participé en ella, pues los votantes eran sólo los estudiantes y no los profesores. Como sabemos, la impugnación no puede venir sino de quien haya sido un efectivo participante en el proceso.

Ahora bien, entonces, ¿cómo pude impugnarla, sin haber sido votante, el día 13 de febrero? La respuesta es sencilla. Las elecciones del 7 de febrero, en las que sí participé, tienen como antecedente administrativo las del 26 de enero. Por lo tanto, al impugnar las del 7, se impugna también —pues allí radica las irregularidad— a su antecedente administrativo. Esa impugnación del 13, como Ud. sabe, reportero, fue negada por el Consejo Universitario. Es desde entonces que se habló de recurrir a la Corte Suprema de Justicia para pedir la nulidad de esas elecciones.

—¿Ya fue intentado ese recurso, Dr. Planchart?

—No, todavía no. La razón consiste en que aún falta por decidirse la otra impugnación intentada por mí, el 22 de febrero, contra las elecciones celebradas el 15 de ese mismo mes. Si el Consejo Universitario decide que no es procedente mi impugnación, entonces recurriré a la Corte Suprema de Justicia.

El decano calla, esperando más preguntas. Estas no se hacen esperar, mientras la pluma garrapatea nerviosamente sobre el papel. Afuera, los estudiantes transitan apresuradamente, visibles desde el amplio ventanal del decanato.

—Una cosa es importante, Dr. Planchart. ¿Cuál es la base de las impugnaciones presentadas por Ud. ante el Consejo Universitario?

Es, como Ud. dijo antes, la interpretación de las normas legales y reglamentarias acerca de cómo ha de entenderse definido el “alumno regular”. Alguna otra vez hemos hablado Ud. y yo de estos puntos, de modo que ahora voy a ser sintético y muy preciso. Yo sostengo que existen los llamados alumnos regulares, al paso que el Consejo Universitario, o, al menos, una buena parte de sus miembros, consideran que no existe diferencia alguna entre “alumno” y “alumno regular”; esto es, que todo alumno es regular, o que se lo es por el mero hecho de estar inscrito en la Universidad.

[Fotografía: el Dr. Gustavo Planchart Manrique.]

Para saber a qué atenernos frente a esta disyuntiva, revisemos la Ley de Universidades, norma con respecto a la cual no hay discusiones. Se puede considerar vigente o no al Reglamento promulgado por el Ejecutivo Nacional, pero a la Ley nadie le niega validez. Pues bien, la Ley dice textualmente, en el artículo 29, que trata de la elección de las autoridades y de la integración del Claustro, refiriéndose a la participación estudiantil en este último, así:

“2º Por los representantes de los estudiantes de cada Escuela, elegidos respectivamente por los alumnos regulares de cada una de las Escuelas de las diversas Facultades, en proporción de un representante por cada 40 alumnos regulares, y uno por fracción superior a 10. Cuando los alumnos regulares de una Escuela no alcancen a 40, elegirán un representante;…”

Como resulta evidente de la lectura del aparte citado, la Ley distingue con claridad entre “estudiantes” y “alumnos regulares”. Si seguimos consultando la Ley, hallaremos que en el artículo 42, que norma la elección de los representantes estudiantiles a las Asambleas de las Facultades, no se discrimina, estableciendo la posibilidad de elegir para todo estudiante. No obstante, este artículo limita la representación estudiantil al 25% de la del personal docente y de investigación. Finalmente, el artículo 47, al establecer la participación estudiantil en los Consejos de Facultades, determina que los electores serán los estudiantes, pero que los elegidos serán tan sólo los alumnos regulares del último bienio de la carrera. Frente a una formulación tan clara, digo yo, ¿habrá alguien que pueda pensar que la Ley no hace distinción alguna entre estudiante y alumno regular?

Ahora, ¿qué criterio se tomará para saber quién es alumno regular? El Reglamento del Ejecutivo dice que sólo lo serán los estudiantes que, estando debidamente inscritos, no sean ni repitientes ni arrastrantes. El Consejo Universitario, a pesar de que su actitud actual es contradictoria con lo que antes ha establecido, sentó un criterio en el llamado Reglamento de repitientes. En él se dice que el alumno repitiente que, afectado por la Disposición reglamentaria, se inscriba en otra facultad, será entonces alumno regular de esa facultad. Lo cual evidencia que hasta entonces no lo era. Por último, la propia Ley de Universidades afirma, en su artículo 143, que los alumnos arrastrantes están inscritos condicionalmente en el año superior al que no pudieron aprobar completamente. Me pregunto yo, entonces, ¿puede ser alumno regular el que está inscrito condicionalmente en un año y es repitiente en el otro? Haría falta una interpretación algo forzada de la letra de la Ley para concluir en este sentido.

Pero eso no es todo. Lo mejor es que las informaciones estadísticas que publica la Universidad Central de Venezuela, que no son leyes (“papel muerto y frío” como diría algún exaltado defensor de la posición del Consejo Universitario) sino expresiones de las costumbres vividas dentro de la Universidad, cuando dan las cifras de Inscripción universitaria, clasifican a los alumnos en regulares, repitientes y arrastrantes.

—¡Increíble! Habrá que pasarle el dato inmediatamente al Consejo Universitario, para que corrija ese error y así seguir pasando por consecuentes, ¿verdad?

—Prefiero seguir respondiendo la pregunta. Me parece, pues, para concluir, que la intención de la Ley es evidente: limitar el acceso de una población estudiantil en crecimiento demográfico cada vez mayor, a los organismos de dirección universitaria, sin un proceso previo de selección. Por eso con respecto a organismos de relevancia no muy grande, como las Asambleas, permite que todos los alumnos sean electores y elegidos; en un organismo de una importancia un poco mayor, como es el consejo, hace que solamente puedan ser elegidos los alumnos regulares, y limita su acceso de dos maneras: estableciendo un porcentaje numérico (25% de la representación docente), y una condición, la de ser alumno del último bienio de la carrera. Finalmente, para el claustro universitario, el organismo de mayor relevancia, exige que los representantes sean electos a razón de uno por cuarenta alumnos regulares, para que el cogobierno universitario no pase peligrosamente a una masa estudiantil no seleccionada, fanatizada políticamente y carente de conciencia académica en la mayoría de los casos.

Estas disposiciones, de orden legal y reglamentario, emanadas del Congreso, del Poder Ejecutivo y, lo que es peor, del Consejo Universitario de la U.C.V., han sido desconocidas por el propio Consejo. Todos los estudiantes legalmente inscritos han votado en la U.C.V., haciendo nula la elección. Y lo más triste de todo, amigo reportero, es que lo han hecho por razones de partidismo político, que, en principio, no debería llevar a pisotear las instituciones universitarias por quienes deben ser sus guardianes.

El decano queda en silencio. Afuera siguen caminando, visibles por el siempre amplio ventanal, los estudiantes —regulares o no— de la U.C.V. El único ruido en la oficina del decanato es el de la pluma al raspar sobre la libreta. Se va acercando la hora de ir a clases.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.