Sobre el cierre de las Residencias

Son rumores…

Sí, son rumores. El mes de diciembre nos cogió hablando del asunto. “Como que quieren cerrar las Residencias…”. “Sí, el Consejo Universitario aprovechará las vacaciones para hacerlo…” “Oye, ¿sabes que el MIR formó brigadas para mantener estudiantes allí durante las fiestas?…” Sí, todo eso se dijo. Y también el Consejo Universitario ha considerado el asunto y ha hablado de ello. La medida consistía en sacar las residencias fuera del recinto universitario y transformar los actuales locales en aulas. Pero Plaza Izquierdo, la voz autorizada en el asunto, ha dicho que todo está en estudio…, y el mes de diciembre se fue sin que ninguna de las predicciones de los “mabitólogos criollos universitarios” se hubiera cumplido: las residencias siguen donde están. Y el problema también sigue plantado y planteado. Por eso debemos considerarlo despacio, para asumir una postura, a la vez justa y congruente, con el mejor sentido universitario.

Comencemos por los precedentes, porque los hay…

Maracaibo, año 1962

El lugar y la fecha, igual que comienzan algunas películas. Esta vez, la “tierra del sol amada”, y el protagonista principal, el célebre doctor Borjas Romero, quien, entre otras habilidades, cuenta a su favor el ser el médico del morocho Hernández. La cosa fue como sigue: Cerca del conjunto formado por las Facultades de Ingeniería, Agronomía, Medicina, Arquitectura y Odontología, y a varios kilómetros de las de Humanidades, Economía y Derecho, que están en el centro de la ciudad, se levanta un edificio ocupado entonces por cerca de unos doscientos estudiantes (aunque las malas lenguas dicen que allí vivían hasta familias enteras). Pues bien, ocurría por aquellas fechas que tal residencia, además de ser un desorden, era foco de conflictos… igual, igual a lo que pasa “en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…” ¿Y qué? Que el Consejo Universitario tomó una decisión: se decretó el cierre de la residencia. Los estudiantes fueron dispersados, en grupos de no más de doce personas, y acomodados en casas de familia (como la célebre residencia “Perro Bravo”, porque la quinta no tenía otro letrerito en la fachada que ése). La Universidad decidió aportar la mitad del pago de la pensión de los estudiantes en tales “residencias”, el Rectorado ocupó el edificio en cuestión y los bochinches se acabaron. (Claro, no sólo por el cierre de la residencia: otras muchas cosas pasaron en el Zulia por aquel año de 1962, cuando Miguel Vaimberg era presidente de la FCU de LUZ.)

Y colorín, colorado… volvamos a Caracas.

Las razones mencionadas

Ahora bien, y como decía, retornando a la Capital, tras esta brevísima incursión en la historia de la Universidad zuliana, examinemos por un momento las razones mencionadas y las otras, para cerrar las residencias y reabrirlas fuera del recinto universitario.

La primera y principal, una muy clara: en la UCV falta espacio para aulas. Testigo de ello son los mil y pico estudiantes del curso básico de la facultad de Ciencias, que comenzaron el año en noviembre, cuando la Facultad de Arquitectura quedó libre.

Y fuera de esta razón, ¿qué? ¿Hay más? Pues sí, hay más, aun cuando ya ésta parecería ser una razón de mucho peso, sobre todo pensando que el presupuesto universitario no da para muchas edificaciones nuevas. Pero, hay más. Es que las residencias son un pequeño dolor de cabeza para las autoridades, como todo el mundo sabe. Y son un pequeño dolor de cabeza porque no funcionan bien, porque están tomadas por los marxistas, quienes las utilizan exhaustivamente para sus fines “patrióticos”, y porque la opinión pública, y el mismo Gobierno nacional, la tienen cogida con las residencias. Todo esto es también una razón de peso… y pesa. La razón inconfesable, la que nadie nombra, pero en la que todos piensan al tratar el asunto: autoridades, profesores, estudiantes rojos, amarillos, verdes, negros, campaneros, independientes.

Ante todo esto, sin embargo, ¿qué pensar?

¿Qué pensar del problema?

El problema tiene varias facetas claras. Y la primera de ellas es la necesidad de una reorganización de las residencias, aspecto que a su vez se desglosa en varias caras.

Por lo pronto, es necesaria la reorganización porque las condiciones de vida (me refiero incluso a la higiene) dejan mucho que desear. Basta preguntar a cualquiera que viva allí, o consultar el reportaje que viene en páginas centrales, para ver que no se exagera nada al decir esto. Además, están los “piratas”: todos esos que, sin ser residentes, incluso sin ser universitarios, habitan allí, bajo la impotente mirada del administrador de cada una de las residencias. Y, por último, la política, la labor subversiva de agitación, de formación de cuadros, de reclutamiento de personal, y también, que todo hay que decirlo, de proveeduría: sábanas, objetos de uso personal, etc., todo hábilmente “recogido” cada cierto tiempo.

Por otra parte, tal reorganización es posible. Concretamente, el Rector tiene en sus manos —”de libre nombramiento y remoción”, dice el reglamento— exclusivamente en sus manos (no es asunto del Consejo Universitario como cuerpo colegiado), la posibilidad de controlar los nombramientos de los encargados de las residencias. Esto es, tiene el poder. Y el actual Vice-rector es también, por nombramiento del Dr. Bianco, Presidente del Consejo de Residencias.

Y, por último, este asunto de reorganizar es duro. Como tanto en la UCV, requiere mucho coraje “echarse a todo el mundo encima” y perseverar hasta el final en esas decisiones eficaces que los sectores interesados hacen aparecer como “antidemocráticas e impopulares”. Es dura la cuesta. Lo sabe el Rector. Lo sabe el Vice-rector. Pero, ¿es razón suficiente el que “sea duro” para dejar de intentarlo? ¿No es por esa actitud, de miedo al esfuerzo total, que muchas cosas en la Central andan a paso de buey cansino?

Pero ésta es otra de las facetas principales del problema, ¿qué significaría el cierre y traslado de las residencias?

Confieso que me indigné al pensar que ésta podría ser la forma fácil de resolver los problemas planteados. Y me indigné, no porque fuera una solución (hay gente en la Universidad que se indigna cuando se quieren resolver los problemas, ya lo comentábamos al hablar del reglamento de repitientes), sino porque sería tirar por el camino fácil, es decir, por el camino de no resolver el problema, sino de suprimirlo. Por cierto, esto del camino fácil no es un eufemismo: incluso a los comunistas —no al MIR— convendría en cierta forma la medida (se quitarían de encima el fantasma que atormenta a la opinión pública, y ellos quedarían tranquilos en sus puestos en la organización universitaria).

Si se piensa, también, que tal medida lesionaría a muchos estudiantes, hay que vacilar, entonces, en apoyarla. Que los lesionaría es claro: es difícil conseguir dónde vivir, aunque OBE lo gestionara; las condiciones nunca son buenas, y hay que añadir al presupuesto mensual los gastos de transporte.

Hagamos un balance

Como dice la canción, “sentémonos aquí y hagamos un balance”, ya que hemos andado bastante y el espacio se va acabando.

Entonces, sin prejuzgar intenciones, hay una razón clarísima que apoyaría la medida: la necesidad de aulas. La docencia es uno de los fines esenciales de la comunidad universitaria, y al buen cumplimiento de esta tarea han de sacrificarse todas las otras iniciativas buenas que pudieran impedirla o desmejorarla. Agua clara.

De cualquier forma, no se puede actuar sin cumplir ciertas condiciones. Puestos en el terreno de lo práctico, de lo factible, las residencias —a pesar de todos sus defectos y, sobre todo, si se las reorganiza— son un bien, y el suprimirlas o dispersarlas, que es casi lo mismo si se piensa qué ha de ser una residencia universitaria, ha de ser el último medio a intentar para solucionar el problema de la falta de aulas.

Respecto de la “razón escondida”, la política, el flanco bien podría ser otro —y esto hay que pensarlo—, independientemente de que aquí, como en el Zulia, el dispersar las residencias pueda contribuir a acabar los bochinches. ¿Cuál es ese flanco? Pues “la inviolabilidad del recinto universitario”, consagrada en el artículo 6 de la Ley de Universidades vigente. ¿Por qué? Porque tal “inviolabilidad” no es imprescindible, ni es ninguna manifestación propiamente dicha de la autonomía, que sí es indispensable. Se ha jugado mucho a confundir las dos cosas y hay que distinguirlas, porque puede ser —lo trataremos en otra oportunidad— que este derecho, que se juzgó como de primer orden el año 58, cuando aún estaban frescos los recuerdos de la entrada brutal de la Seguridad Nacional, aquel 21 de noviembre del año 57, ya casi olvidado, porque puede ser, decía, que ya haya caducado el interés de mantener la prebenda, que ya no sea ni funcional, ni provechosa para la buena marcha de la institución universitaria. Esto hay que pensarlo y, repito, lo abordaremos en próxima ocasión.

Detengámonos aquí. Ya hay suficiente material aportado para ayudar a la reflexión. Oportunamente. Antes de que el problema se transforme en crisis, y cada quien se voltee a su tolda a ver qué bandera debe esgrimir. ¡Ah, si todos no pensaran en sus intereses de grupo, y pensaran un poco más en la Universidad y en el país! Todo marcharía mejor. Y no se obligaría a las autoridades a hacer equilibrios, que entonces podrían dedicarse a promover eficazmente el bien común.

Rafael T. Caldera Pietri

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.