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Vértice › N.º 34 · Mayo de 1966

Universidad · Vértice, pág. 10

La autonomía y los partidos

El tema de las “violaciones” de la autonomía ha sido, sin lugar a dudas, uno de los más explotados en la vida política universitaria: no hay casi necesidad de recordar que ha sido el leit motiv de la propaganda extremista de los últimos cinco años. Por supuesto, vale la pena que repitamos una vez más la aclaración, las tales “violaciones” de la autonomía no han sido “violaciones” de la autonomía, sino, a lo sumo, violaciones de la inviolabilidad del recinto universitario, garantía material de la autonomía. Hay que diferenciar ambas cosas. La autonomía y la inviolabilidad del recinto son, con todas las aproximaciones y distancias que envuelve una comparación, como la patria potestad y la inviolabilidad del domicilio en la esfera familiar. Es decir, cosas tan distintas como un elefante y su dueño.

Ahora bien, aclarado el equívoco, puede recordarse aquí —es el planteamiento del problema— que la autonomía puede ser violada no sólo “desde fuera”, sino también “desde dentro” de la universidad. Así ha sido manifestado más de una vez por más de un personaje ilustre de nuestra Alma Mater. Pero, ¿es cierto que la autonomía pueda ser violada desde dentro? ¿Qué se quiere decir con eso? ¿En qué forma se da esa “violación” y cómo se la puede remediar? Ésas son las preguntas a considerar en nuestro artículo, en el cual, sin muchos alardes verbales, pretenderemos aportar bases para el razonamiento y razonamientos para las bases de la nueva situación posible.

Examinemos el tema.

La idea de autonomía

La idea de autonomía, trajinada en el Derecho Administrativo, y con la cual algunos —no sin cierta razón— se remontan hasta la Edad Media (la fundación de las universidades, siglo XII) para comprenderla, abarca ciertos rasgos definitorios que se pueden mencionar con sencillez: existencia de un poder reglamentario autónomo —en materia de función educativa y también administrativa—, poder para elegir las propias autoridades y, por último, de administrar el propio patrimonio. Estos rasgos, sin embargo, sólo adquieren su plenitud de sentido cuando se los enfoca sobre el fondo de la tensión dialéctica universidad-Estado. Es a la luz de esta tensión como surge y se perfila con claridad la autonomía, y que se pueden clasificar las diversas formas que reviste según una escala de mayor a menor gradación. (Por eso, sólo hasta cierto punto es útil remontarnos al medioevo: sería falso cualquier intento de asimilación de ambas situaciones).

Esta autonomía, además —y es una de las facetas que nos interesa destacar porque es la raíz del problema que tratamos—, implica una cierta libertad, en cuanto que no se reciben órdenes del Estado en la ejecución —y diseño— de las tareas, dentro del ámbito acotado por la ley, e implica también una cierta potestad, en cuanto se puede y debe dar órdenes, dirigir —y diseñar— la ejecución de las tareas de la institución. Ambas cosas, la libertad y la potestad tienen, sin embargo, como supuestos otro par de ideas, como se ve claramente en el sistema de derecho venezolano. Concretamente, la libertad presupone capacidad para su ejercicio. Así no se obtiene la posibilidad de contratar libremente hasta tener —por edad, etc.— la plena capacidad negocial y se pierde esa libertad en el caso de pérdida de la capacidad como el caso de interdicción; es igual en el plano de las libertades políticas. Y el ejercicio de una potestad implica su recto uso, de acuerdo a los fines del ordenamiento jurídico y a los fines específicos para los cuales fue instituida. Así, se pierde la patria potestad por abuso en la corrección o intento de corromper o prostituir a los hijos, etc.; y en plano administrativo, se puede recurrir un acto por desviación de poder.

Nos encontramos, pues, con que esa manida autonomía se nos ofrece en un plano de comprensión más profundo: se la caracteriza como libertad y potestad y se presentan las ideas-supuestos que aquí, como en toda institución, explican y regulan la misma.

La alienación de la autonomía

(Bases para el razonamiento)

¿Cómo puede, entonces, “violarse” esta autonomía desde dentro? Dejemos de lado en este artículo los problemas que hacen relación al exterior, dos básicamente: el de las “amenazas de las fuerzas represivas” (que en realidad implica problemas mucho más amplios, como la sumisión de la Universidad a la dirección de un organismo administrativo de planificación, por ejemplo), y el de la autarquía económica o autofinanciamiento de la institución. Alguno de estos problemas ya han sido tratados incluso por alguien en esta misma revista y, por otra parte, el concentrarnos en el problema interno tal como se lo está planteando aquí, ha de permitir un análisis más de fondo del tema en general (arrojando luz para otros problemas). ¿Por qué? Porque implica un mayor esfuerzo de análisis en la misma noción de autonomía el comprender la posibilidad (primero que nada) de su “violación” desde dentro. Lo obvio de la otra situación, la “violación desde fuera”, oculta un poco el meollo del asunto —es una revelación que oculta—, y está allí toda la estridente propaganda extremista para testimoniar cómo se puede jugar con y acrecentar un equívoco.

En primer término, y como en seguida veremos, la tal “violación” interna no es tal: es, sobre todo, una “alienación” de la autonomía —si por ello entendemos la pérdida de sentido que la desvirtúa e impide su realización— y, en casos extremos, una absoluta “destrucción” de la misma. El uso de la palabreja “violación”, tan generalizado, tiene su explicación, pero no describe bien los hechos. Tiene su explicación, porque procede de la confusión autonomía-inviolabilidad del recinto y por la mayor carga emotiva que comporta (importante para la propaganda amarillista). Pero, más que describir bien los hechos, fomenta el equívoco: “violación” es la falta cometida contra una “inviolabilidad” cualquiera, pero no, por ejemplo, la perversión del derecho que esté protegido por la inviolabilidad. Así, “violación” es entrar por la fuerza al hogar doméstico de alguien —salvo en las causales autorizadas expresamente en el texto constitucional—, pero no montar un garito secreto en una casa de familia.

Entonces, primera afirmación, la autonomía puede sufrir su alienación (o destrucción) desde dentro, y refiriéndonos a nuestra concreta situación histórica, por la presencia de los partidos —cuerpos organizados— dentro de la comunidad universitaria.

Concretamente,

a) en cuanto se utiliza esa potestad y esa libertad mencionadas para un fin distinto de aquel para el cual han sido instituidas. La potestad, en cuanto se la utiliza para favorecer los intereses electorales de un grupo, sacrificando incluso la buena marcha de la institución como centro educativo. (Aquí todos los problemas de remoción e introducción de profesores, entre otras cosas.) La libertad, en cuanto se la utiliza para atentar contra los fines generales del ordenamiento jurídico, uno de los cuales es la promoción del bien común de la sociedad (aquí, rebelándose a tomar en cuenta las necesidades del país), o, dentro del bien común también, la seguridad del Estado. (Promoviendo una insurrección.) Hemos mencionado, y dividimos la cuestión, sólo los riesgos específicos de cada faceta; no por eso se ha de olvidar que la autonomía como tal, existiendo, es algo unitario, y, por tanto, que lo que decimos para una faceta de ella se le aplica a su totalidad. Distinguimos sólo con el propósito de favorecer la penetración racional del tema.

b) En cuanto se imposibilita su ejercicio —como potestad y libertad— por el empleo de la fuerza dentro de la comunidad, tanto contra la autoridad (principalmente) como contra cualquiera de los sectores que la integran (profesores, estudiantes, personal administrativo): imposibilidad extrínseca.

c) En cuanto se destruye la capacidad para ejercerla (otro de los supuestos), no ya por el ejercicio de la fuerza a secas, sino porque se promueve a los cargos directivos a personas ineptas. (Tanto para evitar problemas que dañen los intereses del grupo: un Consejo Universitario que decida poner las cosas en orden. Cuanto para crearlos y dañar la comunidad: promoviendo ineptos la comunidad no marcha bien y, en esas condiciones, lo menos que puede ocurrir es que el Estado intervenga. Y, por último —atención a esto—, promoviendo ineptos por haber impuesto un estilo de vida en la Universidad que se concrete en la negación de la excelencia: se elige al más demagogo, sin importar, ni siquiera, si tiene inteligencia suficiente para afrontar los problemas): imposibilidad intrínseca.

Superación de la coyuntura

(Razonamientos para las bases)

Vista la posibilidad y el cómo del fenómeno de la alienación y destrucción de la autonomía “desde dentro”, hay que preguntarse: ¿Se da en la realidad tal alienación? Y, lo que es más importante: ¿Cómo superar tal situación o tales riesgos? La primera pregunta la responderemos muy de pasada, no porque no amerite consideración, sino porque, en última instancia, su solución —tomada como problema— depende de la respuesta a la segunda. Por otra parte, los ejemplos que he ido dando, aun cuando en términos generales, son tomados de la realidad. Intentemos, pues, responder a la segunda interrogante que tiene dos partes: cómo superar la situación (supuesto que exista como tal) y cómo superar los riesgos (que siempre existen, y donde reside la última clave).

Nos permitiremos aquí recordar una de las afirmaciones básicas: que la autonomía puede sufrir (añadimos, ha sufrido, sufre — situación) alienación y destrucción desde dentro por la presencia de los partidos —como cuerpos organizados y actuantes— en la comunidad universitaria, en nuestra concreta situación histórica.

Al referirse a los partidos y decir “en nuestra concreta situación histórica”, pretende asentar que: 1) otras fuerzas, que no partidos, pueden provocar el mismo fenómeno, como se ve del examen de los supuestos; 2) pero que, hoy por hoy, lo que ha sucedido y lo que puede suceder se debe a los partidos.

¿Por qué? Por su penetración horizontal y vertical en la comunidad universitaria (profesores-estudiantes-personal administrativo-autoridades). Por el exclusivismo de sus fines inmanentes, que no son los de la Universidad (en el caso extremo, el partido comunista, que por ideología lo subordina todo al partido). Por ser —gracias a su organización estable— los detentadores de la fuerza. (¿Qué puede hacer el cuerpo de vigilancia ante brigadas compactas?) Por ser los diseñadores del habitat universitario (monopolio de la propaganda) y, en parte, de sus valores (además de la propaganda, importancia de las contiendas por estar los universitarios sindicados en grupos).

Estas afirmaciones, sin embargo, tienen más valor hipotético que científico. Están basadas en la experiencia diaria y en la opinión común, sumados los rasgos de la situación histórica general, pero exigen estudios empíricos organizados para tamizar el intuicionismo, aunque las intuiciones resulten correctas.

Ahora bien, centrado el problema en la presencia de los partidos en el seno de la comunidad —tomemos esa base—, ¿qué pensar para superar los riesgos y las situaciones?

Afirmemos. La vigencia de los partidos es uno de los rasgos típicos de la actual situación histórica venezolana. ¿Es esto negativo? Es un hecho. Y como tal, tiene una razón histórica que lo justifica y que le da valor positivo: responden a una etapa necesaria en el proceso de maduración política venezolana y significan tanto la incorporación del grueso de la población a la vida y opinión política, como unas fuentes primarias de integración del consenso en torno a problemas básicos.

De este hecho pueden, claro está, derivarse consecuencias muy negativas, especialmente si se detiene a esta altura la evolución, lo que puede pasar (temporalmente, pero en tiempo decisivo) si los partidos mismos no evolucionan. Así, los que han sido polos de integración del consenso, primera etapa en la incorporación del grueso de la población a la opinión, si se detienen en este punto, se transformarán en polos de desintegración. Porque la integración ha sido realizada hasta ahora por parcialidades, y debe abrirse campo a formas más amplias.

Reduciendo el planteamiento —ayuno de comprobación empírica— al ámbito universitario, la situación es parecida; podremos superar las situaciones y los riesgos —engendrados por el partidarismo, pero fruto de la situación histórica— no eliminando los partidos, como quieren algunos, porque esta postura es anti-histórica y por tanto, negativa, sino encauzando la acción partidaria.

Intentemos clarificar lo expuesto; está claro que no es el desideratum que los partidos como organización estén presentes en la vida de una Universidad (al menos, hablando de la IDEA de Universidad). Pero, aparte de que siempre se dan ciertos partidarismos, lo importante es que este hecho responde perfectamente al contexto de nuestra situación histórica: no es por cierto una nota discordante. Siendo, sin embargo, una nota armónica, no debe detenerse su desarrollo en la situación actual: ha de encauzarse la acción de los partidos, tanto para superar el partidarismo cuanto para eliminar los extremos nocivos en que vivimos: las reglas del juego las han impuesto, en buena parte, el agonizante MIR y el PCV, cuyo estilo —de la fuerza al amarillismo, del asalto a la demagogia—, ha engendrado valores negativos y las situaciones concretas en las cuales se aliena o destruye la autonomía desde dentro.

La supervivencia está en juego

Encauzar los partidos, sí, pero ¿hacia dónde?

a) Desplazando su política —y su propaganda— hacia las metas gremialistas. Gremialistas, no en función de un bloque —los estudiantes—, sino de la comunidad universitaria como un todo, y esta comunidad ordenada al país. El partido puede servir, además, de elemento de integración de esfuerzos, por supuesto, no si está en manos de la juventud exclusivamente. ¿Hablamos otra vez de la reforma universitaria?

b) Comprometiéndose a la excelencia: dándose a la tarea de cambiar los anti-valores (difícil, por más de una razón) y promoviendo figuras capaces a los puestos de dirección. (Menciono primero “cambiar los anti-valores” porque, como es obvio, la estimación de la capacidad se hace siempre en base a una escala de valores.)

c) Y, una medida que pudiera eliminar las relaciones de fuerza, ¿revisar la inviolabilidad del recinto? Ya hemos mencionado esto en otra oportunidad y reiteramos nuestra promesa de abordarlo en concreto.

¿Cómo lograr este encauzamiento? ¿Es posible en alguna medida?

Lograr este cambio de orientación que hemos denominado encauzamiento depende, a grandes rasgos, de un par de factores y es, en cierta medida realizable. (Los cambios no son totales de un día para otro.)

Tales factores son:

a) Por una parte, los mismos partidos, en concreto, los democráticos. Aquí toca un innegable papel a Copei y también a Acción Democrática u otros grupos menores en la medida en que aumente su influencia.

b) Por otra parte, la fuerza del ambiente que, en despolitización progresiva, ya va cambiando mucho desde el año 58 a estas fechas.

Evidentemente, la actitud política del MIR es uno de los obstáculos, pero su propia decadencia —agonía— puede ayudar a solventarlo. Y, otra cosa a tomar en cuenta, depende de la acción de los partidos democráticos en buena medida que el segundo factor, la transformación del ambiente, sirva a la transformación o no: se pueden colocar las fuerzas en el mismo sentido, y cambiando un tanto cada una, cambiar ambas y el todo, o enfrentarlas, cosa que se daría sin dudas, de seguir la transformación ambiental como hasta hoy (consecuencia de la transformación del país) y de no renovarse los partidos.

De estas modificaciones depende la supervivencia de la autonomía. Porque su alienación conduce a la Universidad fuera de la órbita del movimiento progresivo del país, y no a la cabeza, sino negándolo. Y en semejante situación la Universidad no llevaría las de ganar, por suerte y desgracia para el país, que obtendría una lamentable pero efectiva victoria pírrica.

Transcripción fiel del original impreso. Puedes ver la página tal como salió en el PDF del número.